Una alianza de 18 estados, entre ellos Washington, presentó un escrito legal ante una corte federal. La acción es para respaldar una demanda que intenta detener redadas migratorias masivas llevadas a cabo por el gobierno federal en comunidades agrícolas y zonas urbanas.
La acción judicial apoya a United Farm Workers of America, organización que representa a trabajadores del campo. Solicita que se mantenga una orden judicial vigente. La citada orden limita ciertas prácticas de agentes federales de inmigración. Los estados sostienen que dichas acciones contravienen la Constitución. Además, han provocado afectaciones amplias en comunidades locales.
Operativo migratorio bajo revisión judicial
“Los derechos constitucionales no son opcionales. Washington se unió a otros fiscales generales para frenar detenciones y arrestos ilegales durante redadas migratorias, prácticas que dañan la confianza de las comunidades y afectan las operaciones agrícolas”, señaló el Fiscal General del Estado de Washington, en referencia al operativo Operation Return to Sender.
El litigio se enfoca en un operativo ejecutado en enero de 2025, identificado como Operation Return to Sender, desarrollado principalmente en el Valle Central de California. De acuerdo con el documento presentado ante la corte de apelaciones del noveno circuito, durante ese despliegue los agentes federales habrían incurrido en:
- Detenciones sin sospecha razonable
- Arrestos sin órdenes judiciales
- Solicitudes de documentos migratorios sin fundamento legal
- Operativos realizados lejos de la frontera
- Uso de agentes encapuchados y vehículos sin identificación oficial
Los estados argumentan que estas prácticas vulneran la cuarta enmienda de la constitución, que protege a las personas contra detenciones y registros arbitrarios.
Efectos colaterales en educación, economía y salud
El escrito legal señala que las redadas migratorias generaron consecuencias que trascienden el ámbito de la política migratoria y alcanzan áreas clave de la vida comunitaria.
Impacto en el entorno escolar
Se documentan incrementos en el ausentismo escolar, debido al temor de las familias a salir de sus hogares o trasladarse a escuelas.
Consecuencias económicas locales
En regiones agrícolas se reportaron campos sin cosechar, reducción de personal y cierres temporales de negocios. Comercios locales y mercados comunitarios habrían registrado pérdidas económicas considerables tras los operativos.
Repercusiones en la salud pública
También se menciona una disminución en visitas médicas, así como la cancelación de citas en clínicas y hospitales. Esta situación fue motivada por el miedo a ser detenidos durante traslados. Los estados advierten que esta situación afecta tanto a personas inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses.
Inquietud por la seguridad pública
Otro eje del documento es la seguridad pública. Según los fiscales generales, la presencia de agentes federales sin identificación visible ha provocado confusión en comunidades. Esto ha complicado la labor de las policías locales.
Además, se reporta una caída en denuncias de delitos y llamadas de emergencia. Esto ocurre porque algunas víctimas optan por no interactuar con autoridades ante el temor de posibles consecuencias migratorias.
Un precedente con posible alcance nacional
Los estados firmantes alertan que el operativo cuestionado fue presentado por funcionarios federales como un modelo replicable a nivel nacional. Esto ha generado preocupación en entidades como Washington, Oregón, Nueva York e Illinois.
Por esta razón, solicitan que la corte mantenga la orden judicial que impide redadas migratorias con detenciones sin causa legal. Consideran que su vigencia responde al interés público, la protección de derechos constitucionales y la estabilidad de las economías locales.
Decisión pendiente de la corte federal
La corte de apelaciones del noveno circuito deberá determinar si confirma la orden judicial que restringe estas prácticas mientras el proceso legal continúa.
En caso de mantenerse el bloqueo, el gobierno federal no podrá realizar redadas migratorias masivas con detenciones sin causa ni órdenes judiciales dentro de los estados bajo la jurisdicción del noveno circuito.
¿Por qué Washington participa en este proceso legal?
Washington forma parte de la coalición de estados que argumenta que las redadas migratorias masivas afectan la seguridad pública, la economía local y la confianza comunitaria. Esto ocurre incluso en regiones alejadas de la frontera.
¿Qué derechos constitucionales están en discusión?
El debate legal gira en torno a la cuarta enmienda, que protege a las personas contra detenciones y registros arbitrarios. Esto se refiere a los casos sin causa legal ni órdenes judiciales.
¿Qué podría cambiar si la corte levanta la orden judicial?
Si la corte revoca la orden, los agentes federales podrían retomar operativos con detenciones sin causa en los estados del Noveno Circuito. Esto, según los estados demandantes, incrementaría el impacto negativo en comunidades locales.
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