Un tribunal federal prohibió parcialmente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realice arrestos sin orden judicial en el estado de Colorado. La decisión responde a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de cuatro personas detenidas tras operativos locales.
Marco del fallo sobre arrestos sin orden judicial
Qué determinó el juez R. Brooke Jackson
El juez R. Brooke Jackson estableció en la orden que la práctica de efectuar arrestos sin orden judicial sin una evaluación individualizada del riesgo de fuga es ilegal. Señaló que, aunque los agentes pueden hacer cumplir la ley migratoria, deben respetar los límites que impone la ley federal y el debido proceso.
El caso concreto y la demandante principal
La demandante es Caroline Dias Goncalves, una estudiante universitaria de Utah detenida tras una parada de tráfico en el condado de Mesa. ACLU representó a la joven y a otros tres demandantes con lazos sólidos en sus comunidades, incluidos familiares y empleos estables.
Fundamentos y argumentos en la corte
Evaluación de riesgo y motivos del fallo
De acuerdo con CBS News, el tribunal resaltó que ninguno de los cuatro demandantes mostraba indicios razonables de fuga inminente que justificaran la detención sin orden. Por eso la práctica fue considerada una violación de derechos constitucionales y de la Ley de Inmigración.
Respuesta del gobierno y del DHS
La Fiscalía federal afirmó que el congreso autoriza a oficiales de inmigración a arrestar con o sin orden judicial. En tanto, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional calificó la decisión de “activista” y negó que ICE haga detenciones indiscriminadas.
Órdenes y remedios impuestos por la corte
Medidas directas contra ICE
El juez ordenó al gobierno que reembolse los costos para obtener fianzas, que retire grilletes electrónicos y que termine obligaciones de presentación impuestas a los demandantes. Además, recordó a los agentes que no pueden arrestar sin orden judicial a menos que exista causa probable de violación y de riesgo de fuga.
Transparencia y controles adicionales
La corte exigió al gobierno entregar a los abogados de los demandantes —y al tribunal si es necesario— un conjunto de formularios I-213 seleccionados al azar sobre arrestos sin orden judicial realizados en el estado. Esto busca verificar el cumplimiento de la orden judicial.
Reacciones y consecuencias comunitarias
Declaración de ACLU y líderes locales
Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado, declaró que la corte confirmó la protección legal contra arrestos aleatorios y urgió a ICE a suspender esas prácticas inmediatamente. Organizaciones comunitarias celebraron el fallo como protección para familias y trabajadores.
Impacto en prácticas operativas de ICE
El fallo restringe operaciones tácticas en Colorado y obliga a los agentes a documentar correctamente la causa probable antes de detener a una persona. También abre la puerta a supervisión judicial sobre arrestos futuros.
Límites y próximos pasos legales
Peticiones rechazadas y posibilidades de apelación
El juez declinó, por ahora, la solicitud de revelar requisitos de capacitación de los agentes de ICE, aunque dejó la puerta abierta a que los demandantes la renueven si la orden resulta difícil de cumplir. Es probable que el gobierno apele las decisiones relacionadas con la legalidad de las detenciones.
Seguimiento judicial y cumplimiento
El Tribunal puede pedir más información o aumentar las medidas si ve que no se están cumpliendo. La orden intenta equilibrar el poder de la autoridad migratoria con la protección de los derechos de cada persona.
¿Qué significa que la práctica sea “ilegal” en este caso?
Esto significa que, según el juez, ICE no puede detener a alguien en Colorado sin una orden judicial, a menos que haya una evaluación individual que muestre riesgo de fuga y motivos suficientes para creer que hubo una violación de la ley.
¿Quiénes recibieron remedios por la corte?
Los cuatro demandantes —incluida Caroline Dias Goncalves— obtuvieron órdenes para el reembolso de costos, la remoción de grilletes electrónicos y la finalización de ciertas condiciones de libertad.
¿Puede el gobierno apelar la decisión?
Sí. El gobierno puede apelar los puntos legales y la certificación de las medidas. Hasta que una instancia superior falle, la orden del juez R. Brooke Jackson rige en Colorado.
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