El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está evaluando gastar hasta 180 millones de dólares en contratar investigadores privados y “cazarrecompensas” para localizar decenas de miles de inmigrantes, como parte de una expansión del programa de detención y deportación masiva. La cifra convierte a la palabra clave central contratación de cazarrecompensas en el foco de este análisis.
Detalles del plan de contratación de cazarrecompensas
La oferta para crear contratos directos con el gobierno federal, indica que la agencia busca servicios de “localización de personas”, que incluirían desde cazarrecompensas, cobradores de deudas y rastreo de ubicaciones hasta investigadores privados.
De acuerdo con el medion Independent, ICE afirma tener un “expediente” con 1,5 millones de direcciones y prevé entregar lotes de 50, 000 direcciones para cada proveedor. Su estrategia incluye vigilancia física, fotográfica y la verificación de residencia y lugar de trabajo del inmigrante.
Implicaciones legales, éticas y operativas
El énfasis en la contratación de cazarrecompensas plantea interrogantes sobre la privacidad, el debido proceso legal y la integridad de los procedimientos. Los documentos exigen a los proveedores garantizar el cumplimiento de leyes de recopilación de datos y describir sus metodologías.
Este enfoque marca un cambio hacia un modelo más militarizado y privatizado del control migratorio, lo que alimenta la preocupación de organizaciones de defensa de derechos humanos.
El contexto incluye que el ICE ya mantiene más de 66, 000 personas detenidas en centros de inmigrantes, un nivel récord durante la administración Trump.
¿Qué significa para los inmigrantes y la comunidad?
Para los inmigrantes sin estatus legal, esta contratación de cazarrecompensas representa un aumento drástico del riesgo de detención.
Para la comunidad general, el gasto de 180 millones de dólares en vigilancia y control puede reinterpretarse como un repaso al enfoque de la “seguridad interna” que antes dominaba la agenda militar.
Además, el uso de tecnologías de rastreo y vigilancia reforzada puede derivar en un impacto más amplio en lugares con alta población de inmigrantes.
Posibles resultados a corto plazo
- Mayor número de detenciones domésticas y operaciones en residencias privadas
- Presión sobre los servicios legales de inmigración ante la aceleración de procesos
- Tensiones en los condados y ciudades que tienen políticas santuario frente al control migratorio
Riesgos y críticas anticipadas
Algunos expertos advierten que la rapidez en las contrataciones podría repetir errores precedentes, como falta de supervisión, aumento de abuso de autoridad y corrupción institucional.
La participación de contratistas privados en funciones tradicionalmente estatales invita al debate sobre responsabilidad y transparencia. Un ejemplo claro son las cárceles migratorias privadas manejadas por el grupo GEO. La prisión denominada Northwest Detention Center, en Tacoma, es una de estos centros que se manejan a nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Financiación del plan
El proyecto forma parte del presupuesto del Departamento de Seguriad Nacional (DHS) que supervisa al ICE, y coincide con la construcción de una fuerza de hasta 10,000 agentes adicionales de ICE proyectados para el próximo año.
¿Qué viene ahora?
La meta oficial es dar respuesta rápida a la agenda de deportaciones anunciada por la administración Trump. Los contratos podrían anunciarse pronto si pasa el proceso de revisión interna. Mientras tanto, grupos de derechos civiles están preparando demandas y estrategias de resistencia ante este cambio operacional.
¿Qué es la contratación de cazarrecompensas de ICE?
Se refiere al plan del ICE de contratar investigadores privados y agentes que localicen inmigrantes mediante vigilancia, verificación de direcciones y rastreo, con incentivos por desempeño.
¿Quiénes podrían verse afectados por este sistema?
Principalmente inmigrantes sin estatus legal o con estatus irregular que están siendo buscados para detención o expulsión. También comunidades con alta concentración de población inmigrante podrían estar en mayor riesgo.
¿Cuándo podría entrar en vigor este plan?
Aunque los documentos ya están publicados y se revisan los proveedores, no hay fecha oficial aún. Sin embargo, la urgencia del proyecto indica que podría activarse en los próximos meses, dependiendo del proceso de contratación.
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