El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso en marcha antes de lo previsto una norma que amplía las sanciones contra quienes participen en protestas dentro o cerca de edificios federales. Esta medida podría afectar directamente a quienes protestan frente a instalaciones de inmigración en todo el país.
La norma, vigente desde el miércoles 5 de noviembre, permite a las autoridades imponer multas y sanciones a personas que cometan infracciones en zonas cercanas a propiedades federales, y no solo dentro de ellas. Según el DHS, esta “autoridad ampliada” busca responder a incidentes que amenacen la seguridad de las instalaciones y del personal.
Entrada en vigor anticipada
Aunque originalmente la norma debía aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, un documento judicial presentado en Alaska por el fiscal adjunto Seth Beausang confirmó que la fecha se adelantó al 5 de noviembre de 2025. El gobierno federal indicó que presentará solicitudes similares en otros tribunales para acelerar la implementación en todo el país.
En un comunicado posterior, DHS justificó la medida alegando un “aumento reciente de las amenazas a la seguridad pública” y agresiones contra agentes federales.
“La prioridad del Departamento es proteger la vida de nuestros funcionarios y mantener el orden en las instalaciones bajo jurisdicción federal”, declaró la subsecretaria de DHS, Tricia McLaughlin.
Contexto y alcance de la norma
El reglamento, propuesto durante los últimos meses de la administración Biden y finalizado bajo el gobierno de Trump, actualiza la lista de sanciones federales establecida en 2014.
Entre las nuevas disposiciones figura una multa de $500 dólares por “obstruir el uso o acceso a la propiedad federal”, así como una sanción de $200 dólares por “usar máscaras, disfraces o dispositivos que impidan la identificación” durante actividades ilícitas.
Las regulaciones se aplicarán a más de 8.500 instalaciones federales gestionadas por la Administración de Servicios Generales (GSA) y el Servicio de Protección Federal, que supervisan la seguridad de los edificios gubernamentales.
Impacto potencial en las protestas actuales
En los últimos meses, diversas manifestaciones se han realizado frente a oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En ciudades como Chicago, varias personas —incluida la candidata demócrata Kat Abughazaleh— han sido acusadas de bloquear el acceso a instalaciones federales.
Mientras tanto, en Portland, los manifestantes han adoptado disfraces y atuendos llamativos para expresar su rechazo a las políticas migratorias.
Defensores de derechos civiles advierten que la nueva medida busca desalentar las protestas pacíficas y dar más poder a las fuerzas federales en situaciones que antes manejaban las autoridades locales.
Un marco legal más amplio
En el aviso original publicado en el Registro Federal, las agencias afirmaron que la nueva política busca:
“manejar manifestaciones de forma más eficiente mediante multas y liberación de los infractores en lugar de arrestos y detenciones”.
Según analistas legales, al incluir zonas cercanas a edificios federales, la medida afectaría a más personas, incluso fuera del perímetro oficial.
La normativa refuerza la tendencia hacia un control más estricto de las protestas en espacios públicos federales. Todo esto en medio de un clima de tensión política y de creciente vigilancia sobre las manifestaciones vinculadas a temas migratorios.
¿Qué cambia con la nueva norma del DHS?
La normativa amplía la autoridad del DHS para imponer multas por infracciones cometidas dentro y cerca de edificios federales. Señalando que no se limita solamente al perímetro de la propiedad.
¿A cuánto ascienden las multas establecidas?
Las sanciones varían según la infracción, con montos de $200 a $500 dólares por obstruir accesos o portar máscaras y disfraces. Ya que estos impiden la identificación de los manifestantes.
¿A quiénes podría afectar esta norma?
Principalmente a personas que participen en manifestaciones frente a instalaciones federales, incluidas oficinas de inmigración, centros de detención, cárceles privadas y edificios administrativos bajo jurisdicción del DHS.
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