El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, deberá presentarse diariamente ante una corte federal en Chicago para rendir informes sobre las operaciones de control migratorio en la ciudad y sus suburbios. La orden fue emitida el martes por la jueza federal Sara Ellis, luego de una audiencia centrada en el uso de agentes químicos por parte de oficiales durante operativos recientes.
Testimonio y órdenes judiciales
La jueza Ellis ordenó que Bovino comparezca todos los días a las 6 p.m. para reportar cómo se llevaron a cabo las operaciones migratorias en las últimas 24 horas. Además, deberá entregar reportes de uso de la fuerza de los agentes desde el 2 de septiembre. Y adicionalmente, debe presentar las grabaciones de las cámaras corporales antes del viernes.
Ellis ya había emitido previamente una orden temporal que limitaba el uso de agentes químicos durante los operativos migratorios y exigía que todos los oficiales en Chicago portaran cámaras corporales.
Incidente con gas lacrimógeno en La Villita
Bovino, jefe del sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, fue grabado en video lanzando un cartucho de gas lacrimógeno durante un enfrentamiento entre agentes y manifestantes en el vecindario de Little Village, en el suroeste de Chicago.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Bovino fue golpeado en la cabeza con un objeto antes del incidente. Sin embargo, el suceso generó cuestionamientos sobre las tácticas utilizadas por los agentes federales.
Ante esto, la jueza Ellis amplió su investigación sobre estos métodos. Y solicitó más detalles sobre el uso de la fuerza en recientes operativos en áreas con alta presencia de inmigrantes.
Protestas y nuevos operativos federales
La semana pasada, Ellis extendió la sesión de interrogatorio de Bovino de dos a cinco horas para obtener más información sobre las acciones de los agentes en Little Village y en el suburbio vecino de Cicero, donde al menos ocho personas fueron detenidas, incluyendo a cuatro ciudadanos estadounidenses, según autoridades locales.
Durante el fin de semana, testigos vieron a agentes federales encapuchados y a vehículos sin identificación en los vecindarios de Lakeview y Lincoln Park, en el norte de Chicago.Videos muestran que se lanzaron agentes químicos en calles residenciales, lo que ha provocado preocupación entre residentes y defensores de derechos civiles.
Incidentes similares con el uso de gas lacrimógeno en zonas urbanas se han reportado en varias ocasiones durante las últimas semanas.
Contexto institucional y repercusiones legales
Anteriormente, funcionarios de la Patrulla Fronteriza declararon ante Ellis que justificaron el uso de químicos porque los manifestantes les habían lanzado objetos. Sin embargo, la jueza ha reiterado que cualquier acción de las autoridades debe cumplir con los límites legales establecidos por las órdenes judiciales federales.
El caso continúa bajo revisión, con implicaciones sobre los protocolos de aplicación de la ley migratoria y el control de operaciones federales en zonas urbanas.
Para información oficial sobre la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional, puede consultarse el sitio web del U.S. Customs and Border Protection (CBP) y del Department of Homeland Security (DHS).
¿Qué implicaciones tiene la orden de la jueza Ellis?
La orden de comparecencia diaria busca monitorear las acciones de las autoridades migratorias. Además, intenta garantizar que cumplan con las restricciones impuestas sobre el uso de la fuerza y de agentes químicos durante los operativos.
¿Por qué se cuestiona el uso de agentes químicos?
El uso de gas lacrimógeno en zonas residenciales ha generado controversia porque puede afectar a civiles no involucrados, incluidos menores de edad. Además, existen normas federales que limitan su aplicación fuera de situaciones extremas.
¿Qué papel cumple el DHS en la supervisión de estos casos?
El Departamento de Seguridad Nacional supervisa a la Patrulla Fronteriza y otras agencias de aplicación migratoria. En este caso, el DHS evalúa los informes de uso fuerza y las grabaciones de los agentes para determinar si hubo violaciones de protocolo o abuso de autoridad.
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