Decisión del Concejo de Seattle sobre la vigilancia policial
La reciente votación del Concejo de Seattle para expandir el uso de cámaras de vigilancia policial reavivó la preocupación de organizaciones de inmigrantes, defensores de derechos civiles y residentes de la ciudad. La medida, aprobada por 7 votos contra 2, despierta temores de que los datos recolectados puedan ser utilizados por la administración Trump para perseguir a inmigrantes, comunidades de color y grupos vulnerables en Seattle.
Las ordenanzas incorporan cientos de cámaras del Departamento de Transporte de Seattle (SDOT), suman dispositivos en tres vecindarios adicionales y refuerzan el alcance del Centro de Crimen en Tiempo Real (RTCC, por sus siglas en inglés) de la Policía de Seattle. Ambas disposiciones forman parte de un programa piloto iniciado en 2023.
Argumentos de los impulsores de la medida
El concejal Bob Kettle, presidente del comité de seguridad pública y promotor de las propuestas, señaló que la expansión responde a la necesidad de enfrentar la delincuencia. Subraya su importancia ante la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a Seattle como sede. Kettle subrayó que el plan cuenta con el respaldo de pequeños negocios y residentes preocupados por la seguridad.
Preocupaciones sobre privacidad y uso federal de datos
Una enmienda presentada por la concejal Alexis Mercedes Rinck establece que, si el gobierno federal intenta acceder a los datos con fines de inmigración, el funcionamiento del RTCC se suspenderá por al menos 60 días. Aunque esa enmienda fue aprobada por unanimidad, Rinck votó en contra de la expansión junto con el concejal Dan Strauss. Ambos argumentaron que avanzar sin evaluar el desempeño del programa piloto es “una imprudencia con la privacidad de las personas”.
Rinck advirtió que la infraestructura de vigilancia podría convertirse en una herramienta de persecución contra inmigrantes, personas trans y quienes buscan atención de salud reproductiva o de afirmación de género.
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Durante la audiencia pública, varios residentes reforzaron esa preocupación:
- Rachel Snell, vecina de Seattle, señaló que “estas herramientas ya son utilizadas por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para vigilar a inmigrantes y a quienes buscan atención de salud de género, lo que en lugar de aumentar, disminuye la seguridad pública”.
- Alex Fayer, integrante de Seattle Indivisible, cuestionó la decisión de expandir las cámaras antes de que concluya el piloto: “El estudio independiente no estará listo hasta 2026 o 2027, y aun así ya se plantea la ampliación. Eso rompe la promesa de un proceso basado en datos. Además, Seattle no puede garantizar cómo usará esta información el gobierno federal; ICE tendrá acceso, como ya lo tiene en Medicaid y el Departamento de Licencias”.
- Yvette Dinesh reconoció mejoras en la ciudad, pero expresó cautela en el tema: “Prefiero tener las cámaras y no necesitarlas, que necesitarlas y no tenerlas. Aun así, la rendición de cuentas es un tema pendiente”.
Asimismo, la Red de Solidaridad de Inmigrantes de Washington invitó a la comunidad a participar en la sesión para rechazar la medida. La organización advirtió que este programa “exacerbaría las vulnerabilidades y abriría nuevos caminos para que agentes de inmigración accedan a las comunidades y generen pánico”.
Otros participantes, incluidos más de 100 residentes, coincidieron en que estas tecnologías pueden convertirse en “herramientas de guerra” contra la población civil.
Expansión propuesta de cámaras en vecindarios
Actualmente, las cámaras están instaladas en North Aurora Avenue, en el corredor de la Tercera Avenida del centro y en la intersección de la 12ª Avenida y Jackson Street, en el Distrito Internacional Chinatown. El alcalde Bruce Harrell propuso ampliarlas hacia Capitol Hill, el Distrito de los Estadios y las inmediaciones de Garfield High School.
Organizaciones como la American Civil Liberties Union de Washington (ACLU), el Seattle Office for Civil Rights y el Community Police Commission se manifestaron en contra. En una carta conjunta, la ACLU, OneAmerica y el Asian Counseling and Referral Service advirtieron que, una vez recolectada, la información de vigilancia es difícil de proteger frente al uso federal indebido.
Más de 60 colectivos comunitarios firmaron declaraciones de rechazo. Entre ellos el Northwest Immigrant Rights Project y el Council on American-Islamic Relations of Washington. Estas organizaciones advierten que el proyecto crea una infraestructura que podría facilitar la persecución de comunidades vulnerables.
Posición de la administración municipal
El alcalde Harrell y el jefe de policía Barnes defendieron la expansión de cámaras como una “herramienta multiplicadora” para mejorar la respuesta a delitos violentos. Barnes aseguró que el departamento mantiene salvaguardas estrictas en el acceso y distribución de datos. Enfatizó que no se utilizan para indagar el estatus migratorio de los residentes ni perjudicar a quienes buscan servicios de salud reproductiva o de género.
Pese a esas garantías, el Community Surveillance Advisory Working Group, creado para evaluar nuevas tecnologías de vigilancia, emitió un informe señalando preocupaciones significativas y concluyendo que la mayoría de sus integrantes no respalda la ampliación de estos programas.
Implicaciones en el debate público
El tema de la vigilancia se enmarca en un debate más amplio sobre seguridad pública, derechos civiles y la tensión entre gobiernos locales y federales. Para la candidata progresista Katie Wilson, contendiente del alcalde Harrell en la próxima elección, “encender más cámaras no hará mágicamente nuestros vecindarios más seguros, pero sí volverá a la comunidad más vulnerable”.
Organizaciones y ciudadanos en contra coinciden en que este tipo de tecnologías puede desalentar la participación cívica. Indican también que refuerzan prácticas de vigilancia inequitativas y ponen en riesgo a las poblaciones más marginadas.
¿Qué significa la expansión del centro de crimen en tiempo real en Seattle?
El Centro de Crimen en Tiempo Real (RTCC) es una plataforma que recopila y analiza datos de cámaras de circuito cerrado, lectores automáticos de placas, cámaras corporales de agentes y hasta dispositivos privados registrados en la ciudad. Su expansión busca mejorar la rapidez en la respuesta policial, aunque críticos advierten sobre su potencial de abuso.
¿Qué riesgos plantea la vigilancia para comunidades inmigrantes?
Diversos grupos señalan que los datos recolectados podrían ser utilizados por autoridades federales para identificar y perseguir a inmigrantes y refugiados. Especialmente en ciudades santuario como Seattle. La experiencia en otras localidades de Estados Unidos muestra casos de filtración y uso político de esta información.
¿Existen salvaguardas para proteger la privacidad de los residentes?
La policía de Seattle afirma contar con medidas como el acceso limitado a la información y restricciones en su distribución. No obstante, organizaciones como ACLU de Washington y el Seattle Office for Civil Rights sostienen que dichas protecciones no son suficientes para garantizar la seguridad de los datos ni la privacidad de las personas.
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