El equipo del presidente Donald Trump está desarrollando una estrategia que autorizaría al pentágono a emplear la fuerza militar contra cárteles de droga en Latinoamérica. Esta iniciativa, informada por diversas fuentes de la administración, designa a estas organizaciones como entes terroristas. Funcionarios familiarizados con el asunto han confirmado que, de no producirse cambios significativos por parte de México, la administración está considerando acciones militares serias. Esta postura se alinea con la retórica de su campaña electoral de 2024, donde abogó por una intervención.
El medio Rolling Stone indica que de acuerdo con un alto funcionario, esta medida no es una simple táctica de negociación. Es una clara advertencia de que una acción militar podría ser inminente si no se ven cambios importantes. A pesar de las amenazas, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha rechazado categóricamente el uso de fuerzas estadounidenses en su territorio. No obstante, en un aparente esfuerzo por evitar una intervención, México extraditó recientemente a 26 presuntos miembros de cárteles a estados unidos. Entre los extraditados se encontraban líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), medida que fue elogiada por la fiscal general Pam Bondi.
La designación de cárteles como organizaciones terroristas
En enero, el departamento de estado designó a ocho cárteles, incluyendo el de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste, La Familia Michoacana y los Cárteles Unidos, como organizaciones terroristas extranjeras. A la lista también se sumaron la MS-13 Salvadoreña y la banda venezolana Tren de Aragua. Esta clasificación impone severas sanciones, como la congelación de activos y restricciones financieras. Sin embargo, expertos legales como Geoffrey Corn, director del centro de derecho y política militar de la facultad de derecho de la Universidad Tecnológica de Texas, señalan que esta designación por sí sola no justifica el uso de la fuerza militar sin un argumento de ataque armado.
Geoffrey Corn, argumenta que para justificar una intervención se debe caracterizar la entrada de drogas como un ataque a Estados Unidos. Según su perspectiva, si México no puede contener el flujo de drogas ilícitas a través de su territorio, las operaciones especiales podrían considerarse una respuesta proporcional. Este razonamiento, aunque plausible desde un punto de vista legal, plantea interrogantes sobre la viabilidad de una política de este tipo.
Estrategias militares en la mira de la administración trump
Desde noviembre, la administración Trump ha evaluado planes para una «intervención suave» en México, que incluye operaciones encubiertas de operaciones especiales estadounidenses para neutralizar a los líderes de los cárteles. Las opciones contempladas van desde ataques con drones y asaltos de comandos, hasta ciber-guerras y ataques aéreos a la infraestructura de los cárteles o laboratorios de drogas. Un ex oficial de inteligencia afirmó a Rolling Stone que la directiva de Trump va más allá de México. El Pentágono, La Casa Blanca y los servicios de inteligencia han mantenido múltiples reuniones para delinear posibles objetivos para ataques con drones en territorio mexicano.
Una fuente del departamento de defensa ha confirmado que unidades en Fort Bragg, Carolina del Norte, hogar del comando de operaciones especiales del ejército y del comando conjunto de operaciones especiales, están preparando listas de objetivos. Entre los posibles blancos se encuentran centros de operaciones de alto perfil, escondites de líderes y plantas de fabricación de drogas. Expertos en inteligencia sugieren que un objetivo simbólico y de alto valor sería el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, conocido como «el Mencho«, por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. Otro objetivo potencial es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de El Chapo Guzmán y líder de la facción «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa.
El impacto limitado de las intervenciones militares
A pesar de los planes de ataque, muchos expertos cuestionan su efectividad a largo plazo. La profesora Carolyn Gallaher de la escuela de servicio internacional de American University, que estudia la violencia guerrillera, ha señalado que una campaña para desmantelar los cárteles simplemente desencadenaría una violenta crisis de sucesión. Esta opinión es compartida por un agente federal que trabaja en la frontera sur, quien afirma que por cada líder capturado o neutralizado, siempre hay alguien listo para ocupar su lugar. La operación militar no detendría el flujo de estupefacientes a través de la frontera.
Los analistas consideran que la amenaza de una intervención podría ser una medida de presión para que México intensifique su cooperación. Las extradiciones recientes demuestran que el país vecino está dispuesto a actuar para evitar una escalada de la tensión. Sin embargo, la estrategia de intervención armada podría tener consecuencias impredecibles y desestabilizadoras, y no solo para México.
¿Por qué Trump quiere usar la fuerza militar en México?
La administración Trump busca utilizar la fuerza militar en México para combatir a los cárteles de la droga, a los que ha calificado como organizaciones terroristas. Esta medida, argumentan, es necesaria para detener el flujo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
¿Ha habido algún tipo de cooperación de México tras las amenazas?
Sí, después de las amenazas de la administración Trump, México ha extraditado a Estados Unidos a varios presuntos miembros de cárteles.
¿Sería legal una intervención militar de Estados Unidos en México?
Según expertos en derecho militar, una intervención de esta naturaleza sin la autorización del gobierno mexicano violaría la soberanía del país. Sin embargo, la administración Trump puede argumentar que el flujo de drogas constituye un ataque armado, lo que podría justificar el uso de fuerza bajo las leyes de guerra.
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