El fiscal general Nick Brown, acompañado de Matt Adams de NWIRP, tras la audiencia sobre la ciudadanía por nacimiento en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en el corazón de Seattle
El fiscal general Nick Brown, acompañado de Matt Adams de NWIRP, tras la audiencia sobre la ciudadanía por nacimiento en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en el corazón de Seattle

¿ciudadanía en riesgo?

Una audiencia clave se llevó a cabo esta mañana en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Seattle. Este evento marca un nuevo capítulo en la batalla legal del estado contra la orden ejecutiva de la administración Trump. Dicha orden busca restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un pilar fundamental de la Enmienda 14 de la Constitución.

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El estado de Washington defiende la enmienda 14

Nick Brown, Fiscal General del Estado de Washington, argumentó con vehemencia que la administración Trump está intentando anular más de un siglo de leyes, precedentes judiciales y decisiones de la Corte Suprema. Según Brown, esta acción no es solo un cambio legal. Es un intento de «redefinir qué significa ser ciudadano estadounidense«. Esto pondría en riesgo la identidad y los derechos de miles de personas. El fiscal expresó su confianza en que los tribunales, incluyendo el Noveno Circuito y la Corte Suprema, fallarán a favor de los demandantes, a pesar del avance de «ideas radicales» en los niveles más altos del gobierno.

Impacto directo en las familias inmigrantes

Matt Adams, Director Legal del Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP), representa a las familias directamente afectadas por la orden ejecutiva. Adams compartió el caso de una madre que dio a luz poco después de la implementación de la orden. Esta madre aún vive con el temor por el futuro legal y el acceso a derechos básicos de su hijo. A pesar de la vasta jurisprudencia que respalda la ciudadanía de su hijo, enfrentan amenazas como registros obligatorios. Adams enfatizó que esta orden pone en duda el derecho a la atención médica, la educación y la seguridad jurídica de estos niños. Subrayó que el presidente no posee la autoridad para reescribir la Constitución, y que el caso busca defender el estado de derecho y los principios democráticos.

El debate judicial y sus posibles consecuencias

Brown destacó que, como es habitual en el Noveno Circuito, los jueces realizaron preguntas incisivas a ambas partes. Resaltó que el gobierno federal no solo busca rebatir un caso puntual, sino revertir la interpretación histórica de la Enmienda 14. Recordó una audiencia previa ante la Corte Suprema. En esa audiencia la jueza Elena Kagan interpeló al gobierno federal, diciendo: «Supongamos que están totalmente equivocados», en referencia a su postura sobre la ciudadanía por nacimiento.

Ante la posibilidad de un fallo adverso por parte de la corte de apelaciones, Adams advirtió que, sin una orden judicial que frene la medida, los afectados permanecerían en un estado de incertidumbre y miedo. El temor a represalias ya ha llevado a familias a retirar a sus hijos de la escuela. Es crucial que las cortes sigan rechazando este intento de revertir una ley bien establecida. De hecho, proteger los derechos de los ciudadanos por nacimiento es esencial.

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.?

La ciudadanía por nacimiento es el derecho de toda persona nacida en territorio estadounidense a ser considerada ciudadana. Esto se establece de acuerdo con la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución.

¿Por qué el estado de Washington demandó al gobierno federal?

El estado de Washington presentó una demanda para desafiar la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump. Esta orden busca restringir la ciudadanía por nacimiento, argumentando que es inconstitucional y atenta contra precedentes legales establecidos.

¿Qué riesgos enfrentan las familias afectadas por esta orden?

Las familias afectadas se enfrentan a la incertidumbre legal sobre el estatus de sus hijos. Esto podría impactar su acceso a derechos fundamentales como la atención médica, la educación y la seguridad jurídica. Además, también genera temor a posibles represalias.

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