RICHLAND, WA — El Departamento de Labor e Industrias (L&I) del estado de Washington impuso una multa récord de $1.25 millones a Pacific Agri Services LLC, empresa agrícola ubicada en Richland, por operar sin licencia durante 2024 y por no proporcionar la información laboral exigida a cerca de 5,000 trabajadores.
Según la investigación de L&I, Pacific Agri Services empleó a 4,950 trabajadores locales y 26 con visa H-2A sin cumplir con los requisitos legales mínimos, como la entrega de formularios informativos sobre salarios, condiciones laborales, transporte, ubicación y alojamiento.
La multa a esta empresa agrícola en Washington es la más alta impuesta hasta la fecha por el estado en casos de violaciones laborales de este tipo. “Esta sanción refleja la magnitud de los trabajadores afectados que no recibieron la información necesaria para conocer sus derechos y condiciones laborales”, explicó Bryan Templeton, gerente del Programa de Estándares Laborales de L&I.
Detalles de la sanción:
$1.24 millones por no entregar declaraciones informativas a los trabajadores. $5,000 por operar sin licencia como contratista de trabajadores agrícolas. $1,000 por no mantener ni entregar los registros requeridos por la ley.
La investigación comenzó en agosto de 2024, cuando inspectores de L&I intentaron realizar una revisión de cumplimiento. La empresa no cooperó plenamente y demoró la entrega de documentos clave. Posteriormente, los formularios enviados resultaron estar incompletos o desactualizados.
Pacific Agri Services ha apelado la sanción. Su abogado, Anthony Raimondo, declaró a medios locales que su cliente está siendo injustamente señalado y que confían en revertir la decisión.
El contexto legal
En Washington existen más de 250 contratistas agrícolas con licencia, responsables de contratar y transportar a cerca de 50,000 trabajadores del campo cada año. La ley estatal exige que estas empresas garanticen al menos el salario mínimo, transporte seguro, y respeten los descansos para comida y reposo.
El caso de Pacific Agri Services refuerza la importancia de que las empresas cumplan con las normativas vigentes para proteger los derechos de los trabajadores agrícolas.
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