MARYSVILLE, WA — Una jueza del Condado de Snohomish ha rechazado la moción de la defensa para desestimar los cargos por homicidio vehicular en Washington contra Raúl Benítez-Santana, el hombre acusado de causar la muerte del patrullero estatal Christopher Gadd en 2024. La selección del jurado está programada para iniciar el martes 20 de mayo de 2025.
Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2024 en la autopista I-5 en Marysville, cuando Benítez-Santana, presuntamente bajo la influencia de drogas y alcohol, impactó a más de 100 millas por hora el vehículo patrulla de Gadd, estacionado en el acotamiento. El choque desplazó la patrulla hacia la carretera, donde fue golpeada por otra camioneta. El oficial murió en el lugar del accidente.
Según documentos obtenidos por KIRO 7 y MyNorthwest, un registrador de datos del vehículo (EDR) mostró que Benítez-Santana no frenó hasta medio segundo antes del impacto, y que mantenía el acelerador al 99% durante los cinco segundos previos al choque. También se reportó que presentaba ojos enrojecidos y admitió haber fumado marihuana y consumido cerveza antes del incidente.
La defensa, encabezada por Tiffany Mecca y Emily Hancock, alegó que la Fiscalía del Condado de Snohomish incurrió en mala conducta intencional al coordinarse con ICE y solicitar una orden de detención migratoria contra su cliente. Argumentaron que eso violaba la Keep Washington Working Act y la Court Open to All Act, leyes de santuario diseñadas para proteger a inmigrantes de acciones discriminatorias en el sistema judicial.
Según informó el Lynnwood Times, la jueza Karen Moore concluyó que las leyes estatales mencionadas no aplican directamente a fiscales ni jueces, y que no hubo evidencia suficiente de mala fe que justificara cancelar el proceso. Sin embargo, sí reconoció una violación técnica de la ley COTA por parte de la Fiscalía, al comunicarse con ICE sobre la audiencia de fianza, aunque determinó que no fue intencional.
La defensa también denunció discriminación racial, alegando que el caso fue acelerado injustamente por presiones internas en la Fiscalía y por la cobertura mediática que, a su juicio, ha afectado la posibilidad de un juicio imparcial. También solicitó una compensación económica de $66,000 dólares, que fue rechazada.
Con la moción denegada, el juicio continuará conforme al calendario judicial.
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Fuentes: Lynnwood Times, My Northwest, Kiro 7.
