Olympia, WA – Un recorte de $8.5 millones al Proyecto de Acceso al Aborto en el presupuesto estatal aprobado recientemente ha generado inquietud entre defensores de la salud reproductiva en Washington. De acuerdo con Planned Parenthood Alliance Advocates, se trata del mayor ajuste financiero que ha enfrentado este tipo de atención en la historia del estado, lo que podría comprometer el funcionamiento de clínicas y la continuidad de servicios críticos.
Jennifer M. Allen, directora ejecutiva de la organización, expresó a The Olympian que el recorte representa más de la mitad del financiamiento asignado al programa, lo que podría traducirse en una menor capacidad de atención ante el incremento sostenido de pacientes. Desde 2022, cuando la Corte Suprema anuló las protecciones federales al aborto, el sistema de salud en Washington ha experimentado una creciente presión, con un aumento del 23 % en la demanda de estos servicios.
Mientras el gobernador Bob Ferguson revisa el presupuesto aprobado, sin una fecha definida para su firma, Planned Parenthood ha instado a restituir la financiación, alegando que miles de personas podrían perder acceso a una atención médica esencial. El proyecto, diseñado para absorber los costos que enfrentan las clínicas en medio de una creciente demanda, podría enfrentar limitaciones severas si se mantiene el recorte.
De acuerdo con Fox 13, la senadora estatal Manka Dhingra, demócrata por Redmond, explicó que el ajuste responde a un escenario de déficit presupuestario posterior a la pandemia. Aseguró que, si bien el estado continúa invirtiendo en seguridad y extensión comunitaria, la parte del financiamiento destinada a contratación y retención de personal fue retirada bajo criterios de priorización fiscal. Dhingra enfatizó que, aun con la reducción, Washington sigue figurando como uno de los estados con mayor protección legal al acceso al aborto.
El ajuste presupuestario se produce mientras sectores sociales alertan sobre posibles restricciones a nivel federal impulsadas por la actual administración, en el marco del llamado Proyecto 2025. Desde las organizaciones pro derechos reproductivos, se ha reiterado que en este contexto, recortar apoyo estatal no solo limita el acceso, sino que también profundiza las desigualdades y eleva los riesgos sanitarios para poblaciones vulnerables.
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