El fiscal general de Washington, Nick Brown, anunció el martes 29 de abril su adhesión a una ofensiva judicial junto a más de 20 estados. El objetivo es frenar una orden ejecutiva federal que eliminó fondos esenciales y recortó drásticamente el personal de AmeriCorps. Esta acción legal colectiva fue presentada en el Tribunal de Distrito de Maryland e incluye también a los estados de Kentucky y Pensilvania. La demanda se centra en la cancelación de programas de servicio comunitario y la reducción del 85% del personal de la agencia.
El impacto crucial de AmeriCorps en las comunidades
AmeriCorps, una agencia federal, fue creada para movilizar ciudadanos en tareas de voluntariado con impacto social. Ha desempeñado un papel crucial en diversas áreas como la educación, el apoyo a veteranos, la respuesta ante emergencias y la salud pública. Con una participación anual de más de 200,000 personas, la agencia conecta a comunidades con recursos vitales y oportunidades de desarrollo cívico.
Directrices de la Administración Trump y sus consecuencias
Según la demanda, una directiva de la Administración Trump, emitida en febrero, ordenó a todas las agencias federales preparar recortes masivos en sus estructuras. Como resultado, AmeriCorps inició procesos de suspensión laboral para la mayoría de su plantilla y notificó despidos previstos antes del 24 de junio. Washington fue informado a finales de abril del cierre definitivo de los programas subvencionados por la entidad.
Argumentos legales y violación de normativas federales
Los estados demandantes argumentan que esta medida vulnera normas federales clave, incluida la Ley de Procedimientos Administrativos y principios constitucionales sobre la distribución de poderes. Alegan que el Ejecutivo carece de autoridad para desactivar programas autorizados por el Congreso y paralizar la ejecución de fondos públicos ya aprobados.
Resistencia institucional y coalición de estados
A través de esta acción legal, los fiscales buscan restaurar el funcionamiento de AmeriCorps y garantizar que los programas estatales de voluntariado no se vean interrumpidos. La coalición incluye a representantes legales de estados como California, Nueva York, Illinois, Massachusetts y otros, reflejando una amplia resistencia institucional a lo que consideran una intervención indebida del Ejecutivo.
¿Qué impacto tienen los recortes en los programas de AmeriCorps?
Los recortes presupuestarios y de personal en AmeriCorps implican la cancelación de programas de servicio comunitario y la interrupción de la ejecución de fondos públicos ya aprobados, afectando directamente a las comunidades que dependen de sus servicios.
¿Por qué los estados demandantes consideran ilegal la orden ejecutiva?
Los estados demandantes argumentan que la orden ejecutiva vulnera normas federales como la Ley de Procedimientos Administrativos y principios constitucionales de distribución de poderes, ya que el Ejecutivo carece de autoridad para desactivar programas autorizados por el Congreso.
¿Cómo puede esta demanda judicial restaurar los programas de voluntariado?
A través de esta acción legal, los fiscales generales de los estados buscan que el Tribunal de Distrito de Maryland ordene la restauración del funcionamiento de AmeriCorps y de sus programas estatales, garantizando la continuidad del voluntariado con impacto social.
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