Olympia, WA – El fiscal general de Washington, Nick Brown, dio a conocer el martes 29 de abril, que se ha incorporado a una ofensiva judicial encabezada por más de 20 estados que busca frenar una orden ejecutiva federal que eliminó fondos esenciales y recortó drásticamente el personal de AmeriCorps. Esta acción legal colectiva fue presentada en el Tribunal de Distrito de Maryland e incluye también a los estados de Kentucky y Pensilvania. El reclamo gira en torno a la cancelación de programas de servicio comunitario y la reducción del 85 % del personal de la agencia.
AmeriCorps, creada para movilizar ciudadanos en tareas de voluntariado con impacto social, ha desempeñado un papel crucial en áreas como educación, apoyo a veteranos, respuesta ante emergencias y salud pública. Con una participación anual de más de 200,000 personas, la agencia conecta a comunidades con recursos vitales y oportunidades de desarrollo cívico.
Según se expone en la demanda, una directiva de la Administración Trump, emitida en febrero, ordenó a todas las agencias federales que prepararan recortes masivos en sus estructuras. Como resultado, AmeriCorps inició procesos de suspensión laboral para la mayoría de su plantilla y notificó despidos previstos antes del 24 de junio. Washington fue informado a finales de abril del cierre definitivo de los programas subvencionados por la entidad.
Los estados demandantes argumentan que esta medida vulnera normas federales clave, incluida la Ley de Procedimientos Administrativos y principios constitucionales sobre la distribución de poderes. Alegan que el Ejecutivo carece de autoridad para desactivar programas autorizados por el Congreso y paralizar la ejecución de fondos públicos ya aprobados.
A través de esta acción legal, los fiscales buscan restaurar el funcionamiento de AmeriCorps y garantizar que los programas estatales de voluntariado no se vean interrumpidos. La coalición incluye a representantes legales de estados como California, Nueva York, Illinois, Massachusetts, y otros, reflejando una amplia resistencia institucional a lo que consideran una intervención indebida del Ejecutivo.
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