Tacoma WA – Con una votación dividida y tras intensas deliberaciones, el consejo del condado Pierce aprobó una resolución que restringe el uso de recursos locales en la aplicación de políticas migratorias federales. La medida fue adoptada luego de una prolongada sesión de cinco horas, marcada por testimonios públicos cargados de emoción tanto a favor como en contra de la propuesta.
La nueva política establece que fondos, instalaciones, personal y equipos del condado no podrán ser utilizados para respaldar programas federales de registro, vigilancia o control migratorio basados en características como raza, religión, estatus migratorio o nacionalidad, salvo que exista una orden judicial que lo requiera. La decisión busca aclarar el rol del condado frente a la inmigración, y se aplicará especialmente en contextos como la presencia de agentes federales en edificios públicos.
Durante la audiencia, residentes expresaron su preocupación por el temor que sienten algunos miembros de la comunidad al acceder a servicios esenciales por miedo a ser deportados. Argumentaron que garantizar un entorno de confianza es clave para que todos los habitantes puedan acudir a servicios médicos, legales y de emergencia sin riesgos. La resolución contempla capacitación para el personal del condado sobre cómo actuar ante posibles intervenciones de autoridades migratorias.
El jefe de la oficina del sheriff del condado, Keith Swank, se opuso abiertamente a la resolución, alegando que obstaculiza la cooperación con agencias federales que trabajan en la protección de la comunidad. Señaló que su departamento es una entidad electa e independiente, y calificó la medida como un intento de interferir en su labor. En respuesta, el concejal Bryan Yambe aseguró que la política no afecta investigaciones criminales legítimas y que la prioridad sigue siendo la seguridad pública.
La resolución fue aprobada con cuatro votos a favor y tres en contra. A último momento, se incorporó una enmienda presentada por el concejal Paul Herrera, que deja claro que la política no impide colaborar en investigaciones criminales cuando existan órdenes judiciales. Los votos favorables provinieron de los concejales Yambe, Ayala, Hitchen y Denson; mientras que Herrera, Morell y Cruver votaron en contra.
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