El viernes 11 de abril, una nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entró en vigor en estados unidos, exigiendo el registro oficial a millones de personas que residen en el país sin autorización legal. Esta medida se implementa tras la desestimación por parte de un tribunal federal de una solicitud para detenerla, lo que abre la puerta a multas y penas de cárcel para quienes no la cumplan. Adicionalmente, los afectados deberán portar siempre la documentación de su inscripción.
El fallo judicial y su impacto en la migración
El juez Trevor Neil McFadden del distrito de columbia fue quien desestimó la solicitud para detener la implementación de esta medida. El juez consideró que las organizaciones defensoras de derechos migratorios, demandantes en el caso, no lograron demostrar un perjuicio directo con la aplicación de la norma. Este veredicto valida la directiva del gobierno federal, que ahora puede aplicar consecuencias legales severas a quienes incumplan, incluyendo multas y penas de cárcel. La normativa representa un cambio significativo en las políticas migratorias.
Requisitos de registro y exclusiones
Según lo establecido por el DHS, los inmigrantes mayores de 14 años sin permiso de residencia deberán registrarse a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Este proceso requiere la entrega de datos biométricos y otra información personal. Una vez completado el registro, los individuos recibirán una constancia oficial que, de acuerdo con la norma, deberán llevar consigo en todo momento.
El Instituto de Política Migratoria estima que esta nueva regulación afectará a más de 3 millones de personas. Sin embargo, ciertos grupos están excluidos del requisito de registro. Estos incluyen residentes permanentes legales, personas con visas de trabajo y aquellos que ya se encuentran bajo procesos migratorios formales. Asimismo, los visitantes canadienses que excedan los 30 días de estancia en estados unidos también deberán registrarse.
Estrategia de la administración y antecedentes históricos
Esta normativa forma parte de una campaña de la administración Trump cuyo objetivo es impulsar la «autodeportación» de personas sin autorización legal en estados unidos. Al requerir el registro, los funcionarios federales buscan facilitar planes de deportaciones masivas sin necesidad de utilizar los recursos de las agencias para expulsiones físicas. Esto simplifica el proceso de control.
La medida se basa en una ley de registro de extranjeros de la década de 1940, la cual había sido utilizada en raras ocasiones, notablemente tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando se enfocó en ciudadanos de países de mayoría musulmana. Aunque el programa original fue desmantelado en 2016, la administración actual lo ha reactivado como parte de sus políticas migratorias más estrictas.
¿Qué implica la «autodeportación» para los inmigrantes?
La «autodeportación» es una estrategia para que los individuos sin estatus legal en el país decidan salir voluntariamente, ante la presión de tener que registrarse y la amenaza de consecuencias legales. Este enfoque busca reducir el número de inmigrantes indocumentados sin incurrir en los costos y desafíos logísticos de las detenciones y deportaciones físicas masivas. Además, al tener un registro, el gobierno puede identificar y rastrear más fácilmente a quienes no cumplen con la normativa.
¿Cómo afecta la nueva normativa a los visitantes canadienses?
Aunque tradicionalmente los visitantes canadienses disfrutan de una mayor flexibilidad para entrar a estados unidos, esta nueva disposición los obliga a registrarse si su estancia excede los 30 días. Esto se diferencia de las normativas anteriores y los alinea con otros ciudadanos extranjeros bajo un control más estricto, reflejando la rigurosidad de las políticas migratorias actuales del país.
¿Cuál es el papel del uscis en este nuevo proceso?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es la agencia encargada de gestionar el registro de los inmigrantes sin autorización legal. Su rol es crucial, ya que deben recolectar datos biométricos y personales, y emitir las constancias de inscripción. Este proceso es fundamental para la implementación de la nueva normativa, consolidando el control del DHS sobre la población inmigrante.
