Olympia, WA – Una familia adoptiva del condado Pierce dio inicio a una demanda por 165 millones de dólares contra el Departamento de Niños, Adolescentes y Familias (DCYF) del estado de Washington, alegando una negligencia sistemática en la supervisión de un menor en situación de riesgo. El menor, hoy llamado Leo Strode, sufrió graves quemaduras cuando era un bebé, durante un incendio en una propiedad en Oakville en mayo de 2020.
Según un artículo de KOMO News, el niño, conocido entonces como “Bubby”, fue hallado solo dentro de un cobertizo en llamas, rodeado de calefactores portátiles y escombros. Tras ser rescatado, fue trasladado en helicóptero a un hospital de Seattle donde permaneció más de tres meses, sometido a múltiples cirugías y tratamientos intensivos. La familia Strode, con experiencia en cuidado de niños con necesidades médicas, asumió su custodia y finalmente lo adoptó.
Los documentos del caso, entregados durante el proceso de adopción, revelan que las autoridades estatales habían sido advertidas en varias ocasiones sobre la situación del niño incluso antes de su nacimiento. Informes médicos, alertas comunitarias e investigaciones previas apuntaban a que los padres biológicos no estaban en condiciones de cuidar de él, pero el seguimiento estatal habría sido insuficiente, según los alegatos legales.
David Moody, abogado de la familia, sostiene que hubo múltiples señales de alerta ignoradas por el DCYF, incluidas denuncias de consumo de drogas por parte de los padres y el nacimiento del niño con metanfetamina en su organismo. A pesar de ello, no se habrían implementado planes de seguridad adecuados ni intervenciones efectivas para proteger al menor antes del siniestro.
A pesar de las secuelas físicas y emocionales, Leo, quien hoy tiene cinco años, ha mostrado un notable espíritu de superación con el apoyo de sus padres adoptivos y sus hermanos. Una de sus hermanas mayores, quien también sufrió quemaduras en su infancia, ha encontrado inspiración en su historia y ahora desea convertirse en fisioterapeuta pediátrica. Mientras tanto, DCYF tiene de 60 días para responder formalmente a la demanda, aunque por el momento ha declinado comentar públicamente citando restricciones legales sobre privacidad.
