Washington D.C. – En medio de un tenso panorama comercial, la senadora Maria Cantwell dio un paso al frente con una propuesta legislativa que busca limitar la capacidad del presidente para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Junto al veterano senador republicano Chuck Grassley, la demócrata presentó un proyecto de ley que reduciría el margen de maniobra del Ejecutivo en materia comercial, exigiendo que cualquier arancel nuevo expire en 60 días si no recibe el visto bueno del Congreso. Además, la Casa Blanca deberá notificar a los legisladores en un plazo de 48 horas tras la imposición de un arancel, detallando su justificación y el posible impacto económico.
Esta iniciativa marca el primer intento bipartidista en el Senado por restringir el uso unilateral de aranceles, una estrategia que ha generado intensos debates dentro y fuera del gobierno. Inspirado en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el proyecto busca reforzar la autoridad del Congreso en cuestiones comerciales, argumentando que las decisiones en esta materia deben ser predecibles, transparentes y en beneficio del país. «Los fundadores de la nación otorgaron al Congreso la facultad de regular el comercio para evitar decisiones arbitrarias», afirmó Cantwell.
La presentación de este proyecto coincide con la reciente imposición de nuevos aranceles por parte del Ejecutivo, que afectan a la mayoría de los socios comerciales de EE.UU., con tasas de hasta el 40% en algunos casos. Mientras la administración justifica estas medidas como un mecanismo de protección económica, expertos advierten sobre el riesgo de una escalada en las tensiones comerciales que podría repercutir en los precios al consumidor y en la estabilidad del mercado global. Washington, uno de los estados más dependientes del comercio exterior, ya ha sufrido el impacto de estas políticas en sectores clave como la exportación de productos agrícolas.
La senadora Cantwell reafirmó en sus redes sociales su postura contra la política arancelaria del Ejecutivo, destacando el impacto negativo que estas medidas tienen en sectores clave como la agricultura, la manufactura y la tecnología. A través de una publicación en Facebook, advirtió que, al final, serán los consumidores quienes terminarán pagando el costo de esta guerra comercial. “Como representante de una de las economías más dependientes del comercio en Estados Unidos, no estoy de acuerdo con los aranceles del Presidente Trump. Sus políticas arancelarias dañarán a sectores que nos interesan, y es hora de que el Congreso tome medidas”, expresó. Sus declaraciones refuerzan el llamado a una mayor intervención legislativa para evitar que decisiones unilaterales afecten la estabilidad económica del país.
En el Congreso, la postura republicana frente a este tema sigue dividida. Algunos senadores del partido oficialista han tratado de persuadir a la Casa Blanca sobre las consecuencias adversas de los aranceles, llevando incluso a empresarios y productores a reuniones con el presidente para exponer su preocupación. No obstante, estos esfuerzos no han logrado modificar el rumbo de la administración en materia comercial. En respuesta, el Senado aprobó recientemente una resolución para restringir la autoridad presidencial en la imposición de aranceles, aunque su destino en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, sigue siendo incierto.
El debate sobre el papel del Congreso en la política arancelaria está lejos de concluir. La propuesta de Cantwell y Grassley pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre la necesidad de equilibrio entre el poder legislativo y el ejecutivo en decisiones económicas cruciales. Con un comercio global cada vez más volátil, la lucha por definir quién tiene la última palabra en materia arancelaria seguirá siendo un punto clave en la política estadounidense.
