El fiscal general de Washington, Nick Brown, anunció la participación del estado en una coalición de 24 entidades que ha interpuesto una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) y su secretario, Robert F. Kennedy, Jr. La acción legal se debe a la abrupta cancelación de $11 mil millones en subvenciones destinadas a programas de salud pública estatales esenciales. Estas subvenciones, cruciales para salud mental, enfermedades infecciosas y abuso de sustancias, además de la modernización de la infraestructura sanitaria, son vitales para las comunidades.
Impacto de la cancelación en los estados
Las cancelaciones han provocado una situación de incertidumbre y graves problemas en las agencias de salud estatales, ya que estas dependen en gran medida de los recursos federales para atender necesidades urgentes. El estado de Washington, por ejemplo, perdería más de $159 millones, lo que implica la supresión de iniciativas fundamentales. Un caso notable es el de las clínicas móviles Care-A-Van, que ofrecen atención médica en zonas vulnerables. Asimismo, organizaciones de salud conductual que asisten a individuos de bajos ingresos sin Medicaid corren un riesgo significativo de desaparecer por la interrupción del financiamiento.
Argumentos del HHS y de los estados demandantes
El HHS justificó la cancelación de las subvenciones aludiendo que la pandemia de COVID-19 había finalizado y que los fondos ya no eran necesarios. Sin embargo, los estados que presentan la demanda argumentan que la financiación no se vinculaba exclusivamente a la pandemia, sino a requisitos permanentes de salud pública. También sostienen que la decisión del HHS infringe la ley federal, dado que no se ha evidenciado incumplimiento por parte de los estados ni se ha seguido el debido proceso legal.
Acciones legales y coalición de estados
La demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Rhode Island y persigue una orden de restricción temporal para anular la cancelación de las subvenciones. La coalición de estados demandantes argumenta que el HHS ha violado la Ley de Procedimiento Administrativo y que sus acciones afectan la capacidad de los estados para encarar crisis sanitarias actuales. Estas incluyen el incremento de las enfermedades infecciosas y la creciente demanda de servicios de salud mental y abuso de sustancias.
Entre los estados que forman parte de esta coalición se encuentran Washington, California, Nueva York, Illinois y Colorado. Diversos fiscales generales y gobernadores lideran esta iniciativa. La coalición busca evitar que el HHS aplique o reinstale las cancelaciones de subvenciones, garantizando así que los estados puedan continuar brindando servicios esenciales a sus poblaciones.
¿por qué la cancelación de subvenciones del HHS genera preocupación?
La cancelación de las subvenciones del HHS es preocupante porque priva a los estados de fondos cruciales para programas de salud pública permanentes, como los relacionados con enfermedades infecciosas y salud mental.
¿qué impacto tendrían los recortes en el estado de washington?
En Washington, los recortes, que ascienden a más de $159 millones, afectarían programas como las clínicas móviles Care-A-Van y pondrían en riesgo a organizaciones que atienden a personas de bajos ingresos sin Medicaid.
¿cómo argumentan los estados demandantes que el HHS violó la ley?
Los estados demandantes alegan que el HHS violó la ley federal al cancelar las subvenciones sin demostrar incumplimiento de los estados ni seguir el debido proceso, y sin considerar que los fondos cubrían necesidades de salud pública permanentes.
