Ábrego García fue incluido de último momento en un vuelo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
Washington, D.C. — El gobierno de Estados Unidos se opuso el lunes a una solicitud de emergencia que busca repatriar a Kílmar Armando Ábrego García, un ciudadano salvadoreño deportado el pasado 15 de marzo a El Salvador, a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión a ese país.
Según documentos judiciales, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que la deportación fue un “error administrativo”, y que Ábrego García fue incluido de último momento en un vuelo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma invocada durante la administración Trump para deportar a presuntos miembros de pandillas.
Ábrego García vivía en Maryland con su esposa e hijo, ambos ciudadanos estadounidenses. Sus abogados han negado categóricamente cualquier vínculo con la pandilla MS-13 y aseguran que las acusaciones se basan en testimonios, sin verificar, proporcionados por un informante. En una presentación judicial del 28 de marzo, solicitaron al Tribunal de Distrito en Maryland que ordene su repatriación inmediata y detenga la presunta financiación del gobierno estadounidense al centro penitenciario CECOT en El Salvador, donde Ábrego fue internado. Los abogados califican esa prisión como una “notoria cámara de tortura”.
En respuesta, el Departamento de Justicia argumentó que la corte no tiene jurisdicción sobre el caso, ya que Ábrego García no está bajo custodia de Estados Unidos, sino del gobierno de El Salvador. Además, afirmó que no existen garantías de que una orden judicial estadounidense pueda lograr su liberación, ni que El Salvador esté dispuesto a considerar una solicitud de repatriación. El gobierno también citó la existencia de una orden final de deportación y defendió el uso de facultades ejecutivas en asuntos migratorios y de política exterior.
Los abogados de Ábrego García sostienen que ICE conocía la orden judicial que le otorgaba protección contra su deportación y, aun así, procedió con su expulsión. Aseguran que fue agregado al vuelo como “suplente” después de que otros detenidos fueran retirados, y que el procedimiento violó las garantías legales y los derechos humanos de su cliente.
La solicitud presentada ante la corte también busca frenar los pagos que, según los demandantes, el gobierno estadounidense estaría realizando al régimen salvadoreño por la detención de personas deportadas bajo estas circunstancias.
El caso expone tensiones entre errores administrativos, derechos humanos y el uso de políticas migratorias agresivas bajo marcos legales antiguos como la Ley de Enemigos Extranjeros. Actualmente, su aplicación permanece bajo revisión judicial, luego de demandas presentadas por organizaciones de derechos civiles.
La decisión final sobre la solicitud de emergencia está pendiente. Mientras tanto, la familia de Ábrego García continúa exigiendo su regreso y denuncia una separación forzada que, según argumentan, pone en riesgo su vida y viola las protecciones legales que ya se le habían concedido en EE. UU.
