Washington D.C. – Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, el Seguro Social ha vuelto al centro del debate público. Aunque el presidente aseguró en campaña que no habría modificaciones en el programa que envía prestaciones de jubilación y discapacidad a más de 70 millones de personas, recientes reportes indican posibles recortes en oficinas y personal, impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) bajo el mando del multimillonario Elon Musk. A la par, la Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado una nueva política que endurece los requisitos de verificación de identidad, eliminando la posibilidad de hacerlo por teléfono y obligando a los beneficiarios a completar el proceso en línea o de manera presencial.
De acuerdo con una publicación reciente de Time, el anuncio provocó una ola de críticas por parte de legisladores y grupos defensores de los adultos mayores y personas con discapacidad, quienes advierten que la medida dificultará el acceso a los beneficios para los sectores más vulnerables. En respuesta, la SSA decidió flexibilizar algunas disposiciones y extender el plazo de implementación. La intención oficial es reforzar la seguridad en los trámites, especialmente en la solicitud de beneficios y modificaciones en depósitos directos, aunque muchos consideran que la burocracia añadida complicará aún más el proceso.
Elon Musk ha sido un fuerte crítico del programa, llegando a calificarlo como «el mayor esquema piramidal de la historia» y asegurando que está plagado de fraudes y despilfarros. Sin embargo, expertos y legisladores demócratas han puesto en duda la magnitud del problema y han alertado sobre un posible intento de debilitar el sistema desde dentro. La senadora Tina Smith advirtió que estas medidas podrían generar incertidumbre y angustia entre los beneficiarios, al tiempo que cuestionó la verdadera intención de la administración al implementar estos cambios.
Ante la presión política y social, la SSA anunció que algunos beneficiarios estarán exentos de la verificación presencial, incluyendo quienes soliciten Medicare, Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y beneficios por discapacidad. Para el resto de los ciudadanos, la nueva normativa entrará en vigor el 14 de abril, aunque se prevé que existan excepciones para casos urgentes o de extrema necesidad.
En medio de estos cambios, la SSA ha negado los rumores sobre el cierre de oficinas, pero expertos advierten que los recortes de personal ya están impactando la calidad del servicio. Con tiempos de espera cada vez más largos y oficinas saturadas, millones de estadounidenses podrían enfrentar dificultades para acceder a sus beneficios. Para evitar complicaciones, la agencia recomienda a los beneficiarios crear una cuenta en línea y verificar con anticipación los requisitos que deberán cumplir. Estos cambios, aseguran analistas, marcarán un antes y un después en la forma en que se gestiona el Seguro Social en Estados Unidos.
