Un juez federal en Tacoma emitió una orden judicial preliminar el jueves 27 de marzo, suspendiendo temporalmente la aplicación de la prohibición impuesta por la administración Trump sobre la participación de personas transgénero en las fuerzas armadas. La decisión representa un revés significativo para la política gubernamental que buscaba excluir a este grupo del servicio militar. La medida se mantendrá hasta que la demanda presentada contra la administración sea resuelta.
El juez Benjamin Settle, designado en 2007 por el presidente George W. Bush, argumentó en su fallo que la política implementada por el Departamento de Defensa bajo la orden de Trump es probablemente inconstitucional. En su escrito, Settle destacó que sin esta intervención judicial, los militares transgénero enfrentarían un daño irreparable al ver truncada su carrera dentro de las Fuerzas Armadas.
La orden ejecutiva firmada por Trump en enero declara que la presencia de personas transgénero en el ejército afecta la disciplina y cohesión de las tropas. Posteriormente, el Departamento de Defensa implementó directrices que instruían a los comandantes a identificar y separar a los militares trans, lo que generó múltiples denuncias de discriminación. En respuesta, organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ+, como la Campaña de Derechos Humanos y Lambda Legal, interpusieron una demanda argumentando que la directiva violaba la igualdad de protección y el debido proceso garantizados en la constitución.
Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia sostuvo que la política no estaba dirigida a las personas transgénero en general, sino a aquellas diagnosticadas con disforia de género. Sin embargo, los demandantes refutaron este argumento, asegurando que la norma afectaba a toda la comunidad trans, tratándolos de manera distinta en comparación con personas con otras condiciones médicas. Ante estos alegatos, el juez Settle cuestionó la falta de estudios o pruebas que sustentaran la necesidad de la prohibición.
El fallo de Settle se suma a una decisión similar emitida la semana pasada en Washington, D.C., y a otra en Nueva Jersey, donde jueces federales bloquearon la aplicación de la norma en casos individuales. A medida que avanzan los litigios, la orden judicial preliminar permite que los militares trans continúen en servicio, mientras la administración Trump enfrenta múltiples desafíos legales en su intento de implementar la prohibición.
