Washington, D.C. — El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está a punto de llegar a un acuerdo con el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permitiría a las autoridades migratorias acceder a información fiscal confidencial de personas sospechosas de estar en el país sin autorización legal, según informaron al Washington Post cuatro fuentes cercanas a las negociaciones.
El acuerdo, aún no finalizado, surge tras semanas de conversaciones en el marco de la campaña del presidente Donald Trump por intensificar las deportaciones. Con esta posible colaboración, ICE podría presentar al IRS listas de nombres y direcciones para ser cotejadas con las bases de datos fiscales, tradicionalmente protegidas por estrictas normas de confidencialidad.
Hasta ahora, el IRS ha mantenido que la información fiscal, incluso nombres y direcciones, es confidencial y solo puede compartirse en circunstancias excepcionales, generalmente con autorización judicial. Sin embargo, la nueva propuesta representa un giro radical en la política de privacidad fiscal y ha generado alarma entre funcionarios de carrera dentro del IRS, quienes advierten sobre el riesgo de abusar una disposición legal poco utilizada.
“Es una completa traición a más de 30 años de que el gobierno ha asegurado a los inmigrantes que pueden declarar sus impuestos sin temor a ser deportados”, afirmó un ex funcionario del IRS.
Durante décadas, el IRS ha alentado a los trabajadores indocumentados a cumplir con sus obligaciones tributarias, asegurando que su estatus migratorio no sería afectado. Investigaciones estiman que cerca de la mitad —o más— de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU. presentan declaraciones de impuestos utilizando números de identificación fiscal (ITIN) ya que no califican para obtener un número de seguro social.
El cambio de postura llega en un momento en que Trump busca movilizar todos los recursos del gobierno para realizar la mayor operación de deportaciones en la historia del país. ICE ha intensificado sus esfuerzos de arresto, con metas diarias de entre 1,200 y 1,500 detenciones, empleando tácticas agresivas y poco convencionales. Entre ellas se incluyen la colaboración con algunas agencias que anteriormente no participaban en estos esfuerzos, la aplicación de leyes antiguas como el Alien Enemies Act para deportar venezolanos a prisiones en El Salvador, y la ampliación del poder para expulsar migrantes sin audiencia judicial.
A pesar de las promesas del expresidente de enfocarse en personas con antecedentes penales graves, recientes los operativos han afectado también a inmigrantes con estatus legal o permisos válidos de permanencia.
Si el acuerdo entre el IRS e ICE se concreta, sería la primera vez que se recurre de manera sistemática al sistema tributario para apoyar la aplicación de leyes migratorias. Muchos inmigrantes han mantenido registros de cumplimiento fiscal con la esperanza de que puedan servir como evidencia en futuros procesos de regularización, como ocurrió con la amnistía migratoria de 1986, que exigía entre otros requisitos haber pagado impuestos.
Hace unas semanas, el IRS había rechazado una solicitud del DHS que pedía acceso a los nombres, direcciones, teléfonos y correos electrónicos de 700,000 personas sospechosas de estar en el país sin autorización. De concretarse este nuevo acuerdo, marcaría un giro drástico en la relación entre la política fiscal y la aplicación de leyes migratorias en Estados Unidos.
