Olympia, Washington – El superintendente de Educación del estado de Washington, Chris Reykdal, expresó su fuerte rechazo a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que busca desmantelar el Departamento de Educación de EE. UU. En un comunicado oficial, Reykdal advirtió sobre las graves consecuencias que esta medida podría tener para los estudiantes más vulnerables del país y calificó la decisión como un intento de debilitar la educación pública en favor de la privatización.
La orden de Trump instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar medidas para cerrar la agencia y transferir la autoridad educativa a los estados. Sin embargo, el Departamento de Educación fue creado por el Congreso en 1979, y su eliminación solo puede realizarse mediante una legislación aprobada por el Congreso, lo que hace que el impacto inmediato de la orden sea incierto.
Reykdal destacó que el Departamento de Educación ha sido clave en la protección de los derechos de los estudiantes con menos oportunidades, incluidos aquellos en situación de pobreza, con discapacidades y que están aprendiendo inglés. También subrayó el papel de la Oficina de Derechos Civiles de la agencia, que ha garantizado el acceso equitativo a la educación en todo el país.
“El presidente está ignorando décadas de progreso en la educación pública y los derechos civiles”, declaró Reykdal. “No está claro el nivel de daño que causará el desmantelamiento de estos programas federales, pero sabemos que la educación pública, especialmente en comunidades rurales y de bajos ingresos, serán las más afectadas”.
En su declaración, el superintendente reafirmó que el estado de Washington mantendrá su compromiso con la educación pública y las protecciones a los estudiantes, independientemente de los cambios impulsados por la administración Trump. También instó a los legisladores estatales a prepararse para aumentar la inversión en educación ante una posible reducción de fondos federales.
“El desmantelamiento del Departamento de Educación y la privatización de las escuelas solo profundizarán las desigualdades en nuestro sistema educativo”, advirtió Reykdal. “Este es un momento crucial para que los estados refuercen su compromiso con la educación pública y protejan los derechos de todos los estudiantes”.
El futuro de la orden ejecutiva sigue siendo incierto, ya que la disolución del Departamento de Educación enfrenta importantes obstáculos legales y políticos en el Congreso. Sin embargo, la medida ya ha generado un fuerte debate sobre el papel del gobierno federal en la educación y las posibles consecuencias de su retirada del sistema público.
