Washington D.C. – El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió el martes 18 de marzo una declaración poco habitual para condenar las amenazas de juicio político dirigidas a jueces federales que han dictaminado en contra del gobierno del presidente Trump. Roberts subrayó que amenazar con iniciar un proceso de juicio político no debe usarse como respuesta a decisiones judiciales desfavorables y subrayó que el sistema de apelaciones está diseñado para abordar esos desacuerdos.
La declaración de Roberts surgió horas después de que Trump exigiera un juicio político contra el juez James Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama. Boasberg había emitido una orden que bloqueaba la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a cientos de personas sin el debido proceso. En una publicación en redes sociales Trump calificó al juez como un “lunático de izquierda radical” y dijo que el magistrado «no fue elegido presidente ni había ganado nada», enfatizando que él, como presidente, «solo estaba cumpliendo con la voluntad de los votantes» y que «este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser destituido».
Elon Musk y otros funcionarios de la administración Trump se sumaron a las críticas, respaldando la posibilidad de un juicio político contra Boasberg. Algunos legisladores republicanos en la Cámara de Representantes han anunciado que presentarán artículos de juicio político (impeachment) para destituirlo. La fiscal general Pam Bondi también emitió una declaración acusando a Boasberg de “apoyar el terrorismo” con su decisión.
Roberts ya había advertido previamente sobre la creciente presión política sobre el poder judicial en su informe de fin de año. En esa ocasión, señaló que los funcionarios públicos tienen derecho a criticar las decisiones judiciales, pero advirtió que las declaraciones incendiarias podrían desencadenar consecuencias peligrosas.
En medio de este clima de tensión, la administración Trump ha cuestionado la autoridad de ciertos tribunales para supervisar las decisiones presidenciales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que “no se puede permitir que un juez de distrito de bajo nivel presente una orden judicial para usurpar la autoridad ejecutiva del presidente”. La postura de Trump y sus aliados ha avivado el debate sobre la independencia del poder judicial y el alcance del control constitucional sobre las decisiones del Ejecutivo.
