Organizaciones de derechos civiles han exigido una aclaración inmediata a la administración del presidente Donald Trump sobre los vuelos de deportación de presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, realizados el fin de semana a pesar de la orden de un juez federal que bloqueaba la medida. Este suceso destaca una nueva confrontación entre el poder ejecutivo y el judicial en Estados Unidos.
Solicitud de la ACLU y Democracy Forward Foundation
En un documento presentado ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Washington, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Democracy Forward Foundation solicitaron que el gobierno proporcione detalles sobre si algún vuelo despegó después de la orden judicial y otros aspectos clave sobre la ejecución de las deportaciones.
Los abogados de la ACLU afirmaron en su presentación que «Independientemente de si los aviones habían salido del territorio estadounidense, EE.UU. retuvo la custodia de los deportados al menos hasta que aterrizaron y fueron entregados a gobiernos extranjeros».
La postura de la administración Trump sobre las deportaciones
El fin de semana, la administración Trump confirmó que más de 200 venezolanos fueron deportados, y argumentó que ningún juez tenía autoridad para bloquear la acción. El juez federal James Boasberg había ordenado una suspensión de 14 días sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de tiempos de guerra que la Casa Blanca intentó utilizar para agilizar la expulsión de 238 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, vinculada con actividades como secuestros, extorsión y asesinatos por encargo. Hasta el momento no se han mostrado pruebas de que los detenidos sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido crímenes.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt justificó la medida, argumentando que un juez no podía determinar el destino de un avión con extranjeros considerados terroristas. La imagen de los deportados ingresando a la CECOT en El Salvador fue compartida por el presidente Nayib Bukele en X el 16 de marzo del 2025.
Reacciones y desafíos legales: ¿Violación de la orden judicial?
Consultado sobre si la administración había violado la orden judicial, Trump declaró desde Air Force One que los deportados eran “gente mala”, pero dejó la cuestión legal en manos de sus abogados.
Por su parte, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, aseguró que la orden judicial se emitió cuando el avión ya estaba en el espacio aéreo internacional, sugiriendo que EE.UU. no tenía obligación de acatarla. “Una vez que están fuera de la frontera, ya sabes, es lo que es”, dijo en una entrevista con Fox News. También confirmó que los vuelos de deportación continuarían: “Otro vuelo, otro vuelo cada día. No vamos a detenernos. No me importa lo que piensen los jueces.”
Este episodio marca una nueva confrontación entre la administración Trump y el poder judicial, con implicaciones sobre la separación de poderes y el alcance de las decisiones judiciales en materia de inmigración.
¿Por qué la ACLU y Democracy Forward Foundation exigen aclaraciones?
La ACLU y Democracy Forward Foundation exigen aclaraciones para determinar si se realizaron vuelos de deportación después de una orden judicial que los bloqueaba, buscando detalles sobre la ejecución de las deportaciones.
¿Qué argumento utilizó la administración Trump para justificar las deportaciones?
La administración Trump argumentó que ningún juez tenía autoridad para bloquear la deportación de extranjeros considerados terroristas, a pesar de la orden de suspensión de un juez federal.
¿Qué implica este incidente para la separación de poderes en Estados Unidos?
Este incidente implica una nueva confrontación entre el poder ejecutivo y judicial, planteando interrogantes sobre el alcance de las decisiones judiciales en materia de inmigración y la separación de poderes.
