Washington D.C. – Un juez federal de Washington ordenó al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk y creado bajo la administración Trump, que haga públicos los registros relacionados con sus operaciones. La decisión fue en respuesta a una demanda presentada por el grupo de vigilancia gubernamental Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), que argumentó que DOGE ha operado en un «secreto inusual».
El juez de distrito Christopher Cooper determinó que DOGE funciona como una agencia gubernamental sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA), lo que la obliga a proporcionar acceso a documentos públicos. La administración Trump había sostenido que DOGE, como parte de la Oficina Ejecutiva del Presidente, estaba exenta de esta ley. Sin embargo, el juez Cooper concluyó que la agencia ejerce una autoridad sustancial sobre los programas federales, suficiente para justificar su inclusión bajo FOIA.
El fallo también destacó el uso por parte de DOGE de métodos de comunicación encriptados, como la aplicación Signal, y la negativa de algunos empleados a identificarse ante funcionarios gubernamentales de carrera. Cooper señaló que DOGE ha tenido el poder de reformular e incluso eliminar programas federales, una autoridad que calificó como «sin precedentes». La administración Trump ha defendido la naturaleza confidencial de DOGE, argumentando que el juez no comprende completamente la estructura y el funcionamiento del organismo.
CREW presentó la demanda el 20 de febrero tras haber solicitado información bajo la ley FOIA, incluyendo correos electrónicos y memorandos internos. El grupo pidió que los registros fueran publicados antes del lunes para permitir al Congreso evaluar el papel de DOGE en el marco de la legislación de financiamiento gubernamental. Cooper se negó a establecer esa fecha límite, pero subrayó la urgencia de divulgar los documentos debido a la magnitud de la autoridad que ejerce DOGE.
El juez ordenó a la administración Trump presentar un informe de situación antes del 20 de marzo, detallando la cantidad de documentos involucrados. También estableció que ambas partes deben acordar un cronograma para la publicación de los registros antes del 27 de marzo. Además, Cooper instruyó a DOGE a preservar todos los registros relacionados con el caso, señalando que los funcionarios podrían no estar cumpliendo completamente con sus obligaciones de conservación de documentos.
