Des Moines, IA – El Senado de Iowa ha dado el primer paso de un proyecto de ley que busca criminalizar la administración de vacunas utilizadas contra el COVID-19 fabricadas por Moderna y Pfizer. No obstante, su promotor ha señalado que planea modificar la propuesta para, en su lugar, permitir que los ciudadanos demanden a los fabricantes de estas vacunas.
El debate ha generado opiniones divididas. El cardiólogo Peter McCullough, quien ha sido crítico de las vacunas contra el COVID-19 y perdió su empleo en un hospital de Texas por sus declaraciones, testificó a favor del proyecto. Según McCullough, muchos estadounidenses lamentan haberse vacunado y es necesario que se tomen medidas a nivel local para reconsiderar su uso.
El proyecto de ley 360 del Senado propone convertir la administración de estas vacunas en un delito menor, con una multa de 500 dólares por cada aplicación y posibles repercusiones en la licencia de los proveedores de salud. Esta propuesta ha generado rechazo por parte de asociaciones médicas y farmacéuticas en Iowa. El Dr. Jonathan Crosbie, médico en Des Moines, advirtió que estas medidas podrían disuadir a nuevos profesionales de ejercer en el estado.
La iniciativa también ha sido cuestionada por sectores de biotecnología
Jessica Highland, directora de la Asociación de Biotecnología de Iowa, recordó que varias empresas del estado investigan vacunas para humanos y animales, advirtiendo que una legislación como esta podría afectar el desarrollo de nuevos tratamientos, incluidos los que buscan combatir el cáncer de páncreas y la gripe aviar.
Si bien legislaciones similares han avanzado en estados como Idaho y Montana, Iowa podría convertirse en el primer estado en penalizar a los proveedores de salud que administren estas vacunas. De aprobarse, los pacientes tendrían que salir del estado para obtener a esta atención, lo que marcaría un nuevo precedente en las restricciones a tratamientos médicos en Iowa.
