La empresa de joyería Paparazzi enfrentó investigación por prácticas comerciales
La empresa de joyería Paparazzi, con sede en Utah, ha llegado a un acuerdo para pagar 1.9 millones de dólares y modificar sus prácticas comerciales en el estado de Washington. Esto ocurre tras una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía General, liderada por el fiscal general Nick Brown. Como parte de esta resolución, se enviarán cheques por un promedio de 180 dólares a aproximadamente 7,100 personas en el estado que participaron en la venta de productos de la compañía.
Según un comunicado emitido el martes 4 de marzo por la oficina del fiscal general, la investigación reveló que Paparazzi operaba bajo un esquema piramidal, lo que resultó en perjuicios para numerosos vendedores independientes. El fiscal general Brown enfatizó que la empresa promovía oportunidades de inversión con beneficios que eran poco realistas. Una medida clave del acuerdo es que los vendedores podrán devolver cualquier mercancía no vendida, adquirida después de enero de 2017, y recibir un reembolso completo.
Our office’s investigation ended a jewelry manufacturer’s pyramid scheme in Washington. As a result of our work, Paparazzi will send more than $1.9 million to 7,000 Washingtonians who sold its jewelry and reform company sales practices.
— Attorney General Nick Brown (@AGOWA) March 5, 2025
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Transparencia y reembolsos por metales pesados en la joyería
El acuerdo con Paparazzi también exige una mayor transparencia en su publicidad. Además, se ha establecido un proceso de reembolso para los clientes que compraron joyería que contenía metales pesados como plomo y níquel. La empresa había promocionado ciertos productos como libres de estos elementos, pero pruebas internas demostraron lo contrario. Esta situación afectó incluso a productos dirigidos a niños y jóvenes, generando preocupación por la salud y seguridad de los consumidores.
Reforma del programa de ventas y supervisión continua
Además de las compensaciones y la transparencia, Paparazzi deberá reformar su programa de ventas. Esto incluye la obligación de proporcionar información clara sobre los ingresos reales que los vendedores pueden esperar obtener. La División de Protección al Consumidor, que se financia con fondos recuperados de empresas que infringen la ley, será la encargada de supervisar el cumplimiento de este acuerdo. Una parte del dinero recuperado se destinará al Fondo Operativo de Justicia Civil, el cual financia diversas divisiones dedicadas a la protección del consumidor y la regulación comercial. La oficina del fiscal general de Washington (AGO) indicó que procesa entre 25,000 y 30,000 quejas anuales, logrando recuperar más de 10 millones de dólares para los afectados, lo que subraya la importancia de este tipo de acciones legales.
¿Qué es un esquema piramidal?
Un esquema piramidal es un modelo de negocio insostenible donde los participantes obtienen beneficios principalmente al reclutar a otras personas, en lugar de vender productos o servicios reales. Estos esquemas suelen prometer grandes retornos de inversión con poco esfuerzo, lo que los hace atractivos pero financieramente riesgosos. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ofrece más información sobre cómo identificar y evitar este tipo de fraudes.
¿Quiénes se benefician del acuerdo con Paparazzi?
El acuerdo beneficia a 7,100 personas en el estado de Washington que participaron como vendedores independientes de Paparazzi, quienes recibirán un promedio de 180 dólares. Además, los clientes que compraron joyería con metales pesados no declarados también podrán solicitar un reembolso. Este tipo de acuerdos buscan proteger a los consumidores de prácticas comerciales engañosas y garantizar la transparencia del mercado.
¿Cómo se distribuyen los fondos recuperados?
Los fondos recuperados de este tipo de acuerdos, como el de Paparazzi, se destinan a varios fines. Una parte se usa para compensar a los afectados, como los vendedores en este caso. Otra porción financia la División de Protección al Consumidor y el Fondo Operativo de Justicia Civil, los cuales apoyan el trabajo de la oficina del fiscal general en la defensa de los derechos de los consumidores y la regulación del comercio.
