Washington D.C. – La Corte Suprema de Estados Unidos falló este miércoles 5 de marzo a favor de la autoridad de un juez federal para ordenar a la administración Trump el desembolso de 2.000 millones de dólares destinados a contratistas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Sin embargo, el tribunal no exigió que el pago se realice de inmediato, dejando en el aire el futuro de estos fondos bloqueados por orden presidencial.
Con una votación de 5 a 4, la Corte rechazó la petición urgente del Departamento de Justicia, que buscaba frenar la orden del juez de distrito Amir Ali. La administración argumentó que no podía liberar los recursos en el plazo exigido, mientras que el tribunal indicó que Ali debe aclarar las responsabilidades del gobierno en relación con su fallo previo del 13 de febrero.
El caso ha generado una fuerte división en la Corte. Cuatro jueces conservadores, entre ellos Samuel Alito y Clarence Thomas, expresaron su desacuerdo con la decisión de permitir la continuación del proceso, sosteniendo que el juez Ali carecía de autoridad para obligar al gobierno a realizar el pago. Alito calificó la situación como «sorprendente», señalando que el poder judicial no puede disponer libremente de los fondos federales.
Los recursos congelados estaban destinados a proyectos de infraestructura y asistencia humanitaria en distintas regiones del mundo. Entre las iniciativas afectadas se encuentran la instalación de estaciones de agua en Ucrania, mejoras en el suministro hídrico en Nigeria y el envío de insumos médicos a Vietnam y Nepal. La incertidumbre sobre el financiamiento ha llevado a varias organizaciones a despedir personal y a encender alarmas sobre la seguridad de trabajadores en el extranjero.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump y su brazo derecho Elon Musk han impulsado una drástica reducción del gasto gubernamental, con USAID como uno de sus principales objetivos. Recientemente, la administración concluyó una revisión presupuestaria que resultó en la eliminación de miles de programas, con recortes que podrían alcanzar los 60.000 millones de dólares. Mientras la disputa legal continúa, contratistas y organizaciones afectadas advierten que la falta de pagos pone en riesgo la continuidad de proyectos esenciales alrededor del mundo.
