Washington, D.C. – El juez federal Amir Ali, emitió este martes 25 de febrero, una orden contundente al gobierno de Trump: desbloquear los fondos de ayuda internacional destinados a contratistas y organizaciones beneficiarias antes de la medianoche del miércoles 26 de febrero. La decisión llega tras evidenciarse que la administración no había tomado medidas concretas para cumplir con una resolución previa que exigía el levantamiento del congelamiento de estos recursos. El caso surge en respuesta a una demanda interpuesta por entidades que colaboran con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado.
La medida judicial abarca los proyectos ejecutados antes del 13 de febrero, fecha en la que el juez Ali había dictado una medida cautelar para detener la retención de los fondos. No obstante, organizaciones como DAI Global, especializada en desarrollo internacional, y HIAS, dedicada a la asistencia a refugiados, denunciaron que no han recibido los pagos correspondientes. Durante una audiencia telefónica, el juez interrogó al abogado gubernamental Indraneel Sur sobre las acciones tomadas para cumplir con la orden, pero este no pudo presentar pruebas de avances significativos.
Esta es la tercera ocasión en la que el juez Ali, designado durante la administración de Joe Biden, insta al gobierno de Trump a liberar los recursos de ayuda exterior. Dichos fondos quedaron paralizados tras una orden presidencial que impuso una pausa de 90 días en la distribución de ayuda internacional, lo que generó un colapso en las operaciones de USAID a nivel global. Este bloqueo ha comprometido la entrega de alimentos, medicinas y otros insumos críticos, afectando gravemente las misiones humanitarias en todo el mundo.
Las organizaciones demandantes han alertado que, de no recibir los pagos de manera inmediata, se verán forzadas a cerrar sus operaciones. Acusan a la administración de violar normativas federales y la Constitución al retener los fondos y debilitar la estructura de USAID, una agencia creada por el Congreso en 1998 como entidad independiente. En un comunicado emitido el domingo, USAID anunció que la mayoría de su personal sería puesto en licencia administrativa con goce de salario, mientras que se eliminarían 1.600 empleos en territorio estadounidense.
El gobierno ha defendido su postura en documentos judiciales, argumentando que está cumpliendo con la orden de desbloquear los fondos, pero reservándose el derecho de revisar, suspender o cancelar contratos y subvenciones por motivos de política pública. Sin embargo, el juez Ali ha rechazado estas justificaciones, subrayando que no se pueden mantener restricciones bajo nuevos argumentos legales. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han emitido declaraciones oficiales sobre el caso, dejando en vilo el futuro de numerosas iniciativas humanitarias.
