Washington D.C. – Un grupo de personas con préstamos estudiantiles ha expresado recientemente su preocupación en redes sociales sobre un posible acceso no autorizado a sus registros educativos. Aseguran que el equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, habría obtenido información protegida por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), lo que podría constituir una violación de la normativa federal.
Esta controversia surge en un contexto en el que la administración Trump ha manifestado su intención de reducir drásticamente el Departamento de Educación, con la posibilidad de cerrarlo por completo. Funcionarios de DOGE han estado revisando los registros de la agencia con el objetivo de identificar posibles recortes de gastos. Paralelamente, la Casa Blanca evalúa emitir una orden ejecutiva para agilizar este proceso.
De acuerdo con un artículo publicado por Newsweek, en plataformas como TikTok, se han viralizado videos donde se insta a los prestatarios a presentar quejas formales y emprender acciones legales, argumentando que su información personal ha sido compartida sin autorización. Algunos usuarios sugieren que, si se demuestra una violación a la privacidad, los afectados podrían obtener la condonación total de sus préstamos estudiantiles. Sin embargo, expertos en derecho han señalado que, según un fallo de la Corte Suprema en 2002, los estudiantes no pueden demandar directamente por violaciones de FERPA, ya que la responsabilidad de hacer cumplir la ley recae exclusivamente en el gobierno federal.
Mientras tanto, un grupo de estudiantes de la Universidad de California ha interpuesto una demanda contra el Departamento de Educación, acusándolo de divulgar de manera sistemática información confidencial. Además, 18 senadores demócratas han enviado una carta a la secretaria de Educación interina, Denise Carter, exigiendo aclaraciones sobre el acceso de DOGE a bases de datos con información altamente sensible de millones de prestatarios.
El Departamento de Educación ha rechazado las acusaciones, asegurando que no ha participado en ninguna actividad ilegal o que ponga en riesgo la seguridad de los datos estudiantiles. Sin embargo, la incertidumbre persiste mientras la administración Trump avanza en sus planes de reestructuración de la agencia. Aún no está claro cuándo podrían emitirse órdenes ejecutivas relacionadas con el futuro del Departamento de Educación y su base de datos de préstamos estudiantiles.
