Nueva York, NY —En una orden de emergencia emitida el sábado en la madrugada, el juez federal Paul A. Engelmayer bloqueó temporalmente el acceso del programa de eficiencia gubernamental de Elon Musk a los sistemas de pago y datos del Departamento del Tesoro. Según el juez, esta medida busca prevenir un “daño irreparable”, ya que la nueva política implementada por la administración Trump aumenta los riesgos de filtración y vulnerabilidad ante ciberataques.
El presidente Donald Trump creó DOGE en una orden ejecutiva en su primer día en el cargo. El departamento está encargado de «modernizar la tecnología y el software federal para maximizar la eficiencia y la productividad gubernamental». Pero el alcance exacto del poder de DOGE aún no está claro.
DOGE ha causado preocupación porque quiere acceder sin límites a la información interna de varias agencias del gobierno, como el departamento de trabajo, tesorería, oficina de gestión de personal, administración de servicios generales, centros de servicios de Medicare y Medicaid, administración de pequeñas empresas y más.
La política en cuestión permite que designados políticos y “empleados especiales del gobierno” accedan a sistemas que contienen información altamente sensible, como datos bancarios. Como parte de la orden, el juez Engelmayer exigió que cualquier funcionario que haya obtenido acceso desde el 20 de enero elimine todas las copias de materiales descargados del Tesoro y prohibió que la administración continúe otorgando nuevos accesos a estos funcionarios.
El caso, en el que figuran como demandados el presidente Donald Trump, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el propio Departamento del Tesoro, será transferido a la jueza Jeannette A. Vargas, quien convocó a los acusados a comparecer el 14 de febrero.
Paul A. Engelmayer, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Se graduó summa cum laude de Harvard College en 1983 y magna cum laude de la Facultad de Derecho de Harvard en 1987. Antes de su nombramiento como juez en 2011 por el presidente Barack Obama, desempeñó diversos roles en el sistema judicial, incluyendo asistente del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y asistente del Procurador General.
Este conflicto podría convertirse en una prueba crucial para el Estado de derecho en Estados Unidos. Si la administración Trump decide no acatar la orden judicial, aún no está claro cómo podría hacerse cumplir. Aunque la Constitución establece que el presidente debe “velar por la fiel ejecución de las leyes”, en la práctica, los tribunales rara vez han enfrentado una desobediencia directa por parte de un mandatario.
Si bien en el pasado algunos funcionarios federales han tardado en cumplir fallos judiciales o lo han hecho con reticencia, la desobediencia abierta es poco común. Un artículo de Harvard Law Review de 2018 señala que desde 1865 no ha habido un caso claro en el que un presidente haya desafiado abiertamente una orden judicial.
La decisión del juez Engelmayer responde a una demanda presentada el viernes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con 18 fiscales generales estatales demócratas. La querella argumenta que al otorgar a Musk acceso a sistemas informáticos del gobierno, Trump violó protecciones constitucionales y no cumplió con su deber de ejecutar fielmente las leyes aprobadas por el Congreso.
La demanda fue respaldada por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
