Washington D.C. – El Departamento de Justicia, liderado por el fiscal interino Emil Bove, emitió una nueva directiva que busca investigar e incluso procesar a autoridades estatales y locales que se nieguen a cumplir las estrictas políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. En un memorando interno de tres páginas, Bove delineó los pasos clave para reforzar la implementación de las órdenes ejecutivas presidenciales sobre inmigración y combate al crimen organizado, señalando una reorganización de recursos para priorizar estos temas.
La directriz también ordena a las fuerzas conjuntas del FBI involucrarse en la aplicación de las políticas de inmigración. Según el documento, el gobierno federal tiene la autoridad para exigir cooperación bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución. Aquellas autoridades locales que obstruyan o ignoren dichas políticas podrían ser objeto de investigación y enfrentar cargos judiciales.
Entre los fundamentos legales que sustentarían estas acciones están los estatutos federales que penalizan la obstrucción de funciones gubernamentales, la protección de personas indocumentadas y las políticas locales que restringen el intercambio de información migratoria. Además, se instruyó a la División Civil del Departamento de Justicia identificar normativas estatales y municipales que contravengan los objetivos migratorios de la administración y a desafiar dichas leyes en tribunales.
Ciudades Santuario: objetivos primordiales
Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la creación de un Grupo de Trabajo dedicado a las ciudades santuario, diseñado para combatir directamente las políticas de jurisdicciones como Chicago, conocidas por limitar la cooperación entre autoridades locales y agentes federales de inmigración. Sin embargo, la postura del Departamento de Justicia enfrenta retos legales, ya que la doctrina constitucional anti-requisición establece límites claros sobre el poder del gobierno federal para imponer políticas en los estados.
La intensificación de estas acciones marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno federal y las autoridades locales en torno al manejo de la inmigración. Este movimiento podría desencadenar tensiones en ciudades y estados que han mostrado resistencia a las políticas migratorias, llevando la discusión a nuevos niveles de conflicto político y judicial.
