Atlanta, GA – El jueves 3 de octubre, un juez federal ha permitido que expire una orden de restricción temporal que bloqueaba el plan del presidente Joe Biden para cancelar la deuda de préstamos estudiantiles de más de 25 millones de estadounidenses. Vale la pena destacar que la decisión, emitida la noche del miércoles 2 de octubre, allana el camino para que la administración Biden siga adelante con su esfuerzo por aliviar la carga de la deuda estudiantil, a pesar de los numerosos desafíos legales que ha enfrentado.
El fallo, emitido por el juez de distrito J. Randal Hall en Georgia, responde a una demanda presentada por siete estados liderados por republicanos que buscan detener el programa de condonación de préstamos estudiantiles. Estos estados, que incluyen Misuri, Alabama y Florida, argumentan que la administración Biden está excediendo su autoridad al proponer esta cancelación de deuda, y afirman que esto afectará negativamente los ingresos fiscales estatales y los ingresos de entidades estatales como Mohela, la autoridad de préstamos para la educación superior de Misuri.
Aunque en un principio el juez Hall había impuesto una orden de restricción, finalmente desestimó la participación de Georgia en el caso, al considerar que el estado no había demostrado un daño suficiente. Ahora, el caso se trasladará al distrito Este de Misuri, donde los estados argumentarán que Mohela sufrirá pérdidas significativas si los préstamos federales son cancelados.
El fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, lidera el argumento de que la cancelación de estos préstamos afectaría los ingresos de Mohela, que gestiona préstamos estudiantiles y financia becas estatales. Esta es la misma base legal que utilizó la corte suprema para anular un intento previo de la administración Biden de condonar hasta $20,000 en préstamos estudiantiles.
El fallo ha generado fuertes reacciones. Persis Yu, subdirectora ejecutiva del centro de protección de prestatarios estudiantiles, calificó el caso como «absurdo y peligroso», y criticó la decisión de los estados republicanos de presentar el caso en un tribunal que, según ella, fue cuidadosamente seleccionado para inclinar la balanza en contra de las familias trabajadoras.
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