Última actualización el 14 de noviembre de 2024
Austin, TX – El proveedor de vivienda para niños migrantes no acompañados Southwest Key está siendo acusado de participar en abusos y acosos sexuales “severos y generalizados” de niños bajo su cuidado durante los últimos ocho años, según una denuncia presentada por el departamento de justicia de USA.
Empleados de Southwest Key, incluidos supervisores, han sido implicados en violaciones, tocamientos y solicitudes de sexo e imágenes de desnudos de niños desde al menos 2015, de acuerdo con las autoridades.
Con sede en Austin, Southwest Key es el principal proveedor de alojamiento para niños migrantes no acompañados en Estados Unidos, operando con subvenciones del departamento de salud y servicios humanos (HHS). La organización cuenta con 29 refugios en Texas, Arizona y California, con capacidad para 6,350 niños. El refugio más grande de la empresa, ubicado en Brownsville, Texas, puede albergar a 1,200 niños.
El HHS informó que, al 31 de mayo, había 7,762 niños bajo el cuidado de Southwest Key. Los niños en estos refugios tienen entre 5 y 17 años, y las acusaciones incluyen el abuso reiterado de un niño de 5 años en un refugio en El Paso, Texas, y un incidente en 2020 donde un trabajador llevó a un niño de 11 años a un hotel durante varios días y le pagó para realizar actos sexuales en Tucson, Arizona.
Según la demanda, los niños fueron amenazados con violencia contra ellos mismos o sus familias si denunciaban el abuso. Además, se alega que en algunos casos, el personal sabía sobre el abuso en curso y no lo denunciaba o lo ocultaba. Xavier Becerra, secretario del HHS, expresó serias preocupaciones sobre estos patrones y prácticas en Southwest Key, reafirmando la política de tolerancia cero del HHS para todas las formas de abuso sexual y comportamiento inapropiado.
La demanda se presenta menos de tres semanas después de que un juez federal levantara la supervisión judicial especial de la atención que el HHS brinda a los niños migrantes no acompañados, tras una solicitud del departamento de justicia. La administración del presidente Joe Biden había argumentado que las nuevas salvaguardas hacían innecesaria la supervisión especial que había estado en vigor durante 27 años.
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