El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó recientemente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que proporcione direcciones de 700,000 personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal, según informó The Washington Post. Sin embargo, el IRS rechazó la petición inicial, generando tensiones sobre el uso de información fiscal en la estrategia de deportación masiva de la administración Trump.
La solicitud del DHS y la respuesta del IRS
De acuerdo con un memorando obtenido por The Washington Post, el DHS pidió al IRS conectar los nombres de posibles inmigrantes indocumentados con su última dirección conocida, números de teléfono y correos electrónicos. Esta solicitud es parte de una ofensiva más amplia del gobierno para aumentar las deportaciones antes de las elecciones de 2024.
El IRS, hasta el momento, se ha negado a entregar la información, argumentando que compartir datos fiscales con otras agencias está prohibido por la ley y puede acarrear sanciones civiles y penales. Sin embargo, la situación sigue en desarrollo, ya que el viernes pasado asumió un nuevo comisionado interino del IRS, Melanie Krause, quien, según fuentes citadas por The Washington Post, mostró interés en explorar formas de cumplir con la solicitud del DHS.
Investigaciones contra empresas
Además de pedir información personal de inmigrantes, el DHS también solicitó al IRS que asigne auditores y agentes criminales para investigar a empresas sospechosas de contratar trabajadores indocumentados. Según el memorando, se pide que estas investigaciones se realicen sin restricciones ni requisitos previos, basándose en denuncias o pistas previas que el IRS no había investigado.
Preocupaciones y comparaciones con la era Nixon
La solicitud del DHS ha causado alarma dentro del IRS y en sectores legales. Expertos advierten que el uso de información fiscal con fines migratorios podría ser visto como una violación grave de la privacidad y un abuso de poder. Algunos críticos han comparado esta situación con el uso del IRS por parte del expresidente Richard Nixon para perseguir a sus opositores políticos, un acto que llevó a su proceso de destitución en 1974.
El IRS ha garantizado históricamente a los inmigrantes indocumentados que su información fiscal es confidencial y no será utilizada para propósitos migratorios. De hecho, en 2017, cuando la administración Trump tomó el poder, la agencia reiteró que la ley impide compartir datos de impuestos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Inmigrantes y el sistema fiscal de EE.UU.
A pesar de no tener estatus legal, millones de inmigrantes indocumentados pagan impuestos en EE.UU. mediante la declaración de impuestos con números de identificación fiscal (ITIN) o con retenciones automáticas en sus cheques de pago. Se estima que al menos la mitad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país presentan declaraciones de impuestos con la esperanza de que su historial fiscal les ayude en futuras oportunidades de regularización.
Sin embargo, si el IRS accede a la solicitud del DHS, estos inmigrantes podrían quedar expuestos a deportaciones masivas, lo que cambiaría drásticamente la relación de confianza entre la agencia tributaria y la comunidad migrante.
Posibles implicaciones legales y futuro de la medida
Se espera que la solicitud del DHS enfrente desafíos legales, ya que compartir información fiscal con otras agencias gubernamentales sin autorización específica viola estrictas normas de privacidad. No obstante, la administración Trump ha mostrado una creciente disposición a utilizar herramientas fiscales y penales para endurecer su política migratoria.
En el pasado, el IRS ha colaborado con el DHS en investigaciones criminales conjuntas, como en el caso de una red de tráfico de personas que suministraba trabajadores indocumentados a un restaurante en Indiana. Sin embargo, la entrega de datos fiscales de manera masiva representaría un cambio radical en el papel del IRS dentro de las políticas migratorias del país.
El debate sobre esta medida sigue abierto y podría tener un impacto significativo en la vida de cientos de miles de inmigrantes que han confiado en el sistema fiscal de EE.UU. sin temer represalias migratorias.
