Foto: Alfo Madeiros Pexel

Washington D.C. – La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes 24 de febrero, no revisar dos casos que cuestionaban las restricciones impuestas a las protestas cerca de clínicas donde se practican abortos. La resolución mantiene vigentes las llamadas “zonas de amortiguación”, que regulan la cercanía de los manifestantes a estos centros de salud. La decisión representa un revés para los opositores al aborto, quienes buscaban eliminar estas restricciones argumentando que afectan su derecho a la libertad de expresión. 

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Los casos involucraban ordenanzas de las ciudades de Carbondale, Illinois, y Englewood, Nueva Jersey, que limitan la proximidad de las protestas en torno a las clínicas. Los demandantes también pedían la anulación del fallo Hill v. Colorado de 2000, que avaló la existencia de estas zonas de seguridad. Sin embargo, el tribunal, de mayoría conservadora, no explicó las razones para rechazar los casos. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas manifestaron su desacuerdo y afirmaron que el tribunal debería haber intervenido. 

En su voto disidente, Thomas argumentó que el fallo de Hill v. Colorado ya no debería ser considerado un precedente válido, especialmente después de la decisión en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que en 2022 eliminó la protección federal del derecho al aborto. “Esta era una oportunidad para corregir el rumbo y revocar Hill de manera explícita”, escribió el juez. 

Las ordenanzas en cuestión establecen restricciones precisas para evitar el acoso a quienes acuden a las clínicas

La normativa en Carbondale prohíbe a los manifestantes acercarse a menos de 8 pies de otra persona, sin su autorización, alrededor de un centro de salud. En Englewood, una regulación vigente desde 2014 impide que las personas se sitúen a menos de 8 pies de las entradas de ciertas instalaciones médicas. 

Las zonas de seguridad han sido defendidas por organizaciones proaborto y proveedores de salud, quienes argumentan que las medidas en cuestión buscan prevenir actos de intimidación y violencia contra pacientes, sus acompañantes y el personal médico. Según la Federación Nacional del Aborto, en las últimas décadas se han registrado múltiples ataques contra clínicas, incluidos atentados con bombas, incendios y homicidios de trabajadores y médicos. 

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