Washington D.C. – El jefe interino de la Administración del Seguro Social (SSA), Lee Dudek, salió al paso de las recientes declaraciones de Elon Musk y del presidente Trump sobre presuntos pagos a millones de personas fallecidas dentro del sistema. En un comunicado oficial, Dudek también aclaró el papel del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Musk, dentro de la agencia.
Dudek enfatizó en el comunicado que el equipo de DOGE, parte de la iniciativa de Trump para detectar fraudes y mejorar la eficiencia gubernamental, solo tiene acceso a los sistemas del Seguro Social en modo lectura. “El personal de DOGE no puede modificar información, procesar pagos ni acceder a datos protegidos por órdenes judiciales”, afirmó, agregando que cualquier violación de estas normas sería remitida al Departamento de Justicia.
Las declaraciones surgen tras los comentarios de Musk en la Oficina Oval, donde aseguró que el sistema de Seguridad Social tenía registros de personas con hasta 150 años y que había pagos sin información de identificación. Posteriormente, en la red social X, el multimillonario compartió una imagen de lo que describió como una base de datos del Seguro Social, mostrando más de 17 millones de personas mayores de 100 años sin fecha de fallecimiento en sus registros.
Dudek respondió asegurando que la falta de una fecha de defunción no significa necesariamente que esas personas sigan cobrando beneficios. Un informe del propio Seguro Social en 2015 ya había identificado más de 6,5 millones de registros de personas con más de 112 años sin constancia de fallecimiento, pero señaló también que existen otros registros que indican que esas personas ya habían fallecido, y de esa enorme cifra solo 266 recibían pagos. En la mayoría de esos casos, se encontraron errores administrativos en los registros. En otras palabras, no hay millones de muertos cobrando cheques del Seguro Social.
La Casa Blanca no ha respondido a las preguntas sobre cómo conciliar las cifras de Musk con los datos públicos de la SSA. La controversia sigue mientras la administración Trump continúa su campaña para lo que ellos describen como «mejoras en el gasto público para combatir el fraude en las instituciones gubernamentales».
