Washington D.C. – La administración del presidente Donald Trump ha confirmado que pronto se reiniciarán los vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos. Tom Homan, funcionario encargado de políticas fronterizas, informó el viernes 7 de febrero, en una entrevista con The New York Times que la medida se implementará en los próximos días, tras un acuerdo alcanzado con el gobierno de Nicolás Maduro.
El pacto establece que Venezuela aceptará el retorno de miles de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos. A cambio, el gobierno de Maduro logró la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, así como una visita del enviado especial de Trump, Richard Grenell. Este encuentro marcó un inusual acercamiento diplomático entre ambas naciones, que han mantenido relaciones tensas desde la retirada de diplomáticos estadounidenses en 2019.
Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos había impuesto sanciones económicas contra Venezuela y respaldado al líder opositor Juan Guaidó como estrategia para presionar la salida de Maduro. No obstante, el creciente número de venezolanos en territorio estadounidense, sumado al fin de ciertas protecciones migratorias, ha llevado a la administración Trump a negociar con Caracas en busca de soluciones para la repatriación de migrantes.
El cambio de política ocurre en un contexto de crisis económica y social en Venezuela, lo que ha generado críticas dentro de Estados Unidos. Algunos opositores al plan argumentan que los deportados enfrentarán condiciones inseguras en su país de origen, mientras que la Casa Blanca defiende la medida como parte de su estrategia de seguridad nacional. Además, fuentes oficiales han señalado que este podría ser el primer paso hacia un posible alivio de sanciones económicas, particularmente en el sector petrolero.
El anuncio también ha generado reacciones dentro del ámbito político estadounidense, especialmente entre legisladores republicanos de Florida, como el senador Marco Rubio, quien ha sido un firme opositor al gobierno de Maduro. A medida que se implementa la nueva política de deportaciones, su impacto en la relación bilateral entre Washington y Caracas sigue siendo incierto.
