Washington D.C. – La administración Trump dio un giro a la política migratoria al anular la prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) concedida por la administración Biden a más de 600.000 venezolanos. La decisión, confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, podría exponer a miles de migrantes a la deportación en los próximos meses.
De acuerdo con documentos obtenidos por The New York Times, la revocación responde a la consideración de que la extensión otorgada el 17 de enero fue «prematura». Con esta medida, quienes recibieron el TPS en 2021 mantendrán sus protecciones hasta septiembre, mientras que los beneficiarios de 2023 solo estarán amparados hasta abril, a menos que se decida renovar su estatus antes del sábado. Si no se toma una acción concreta, la prórroga se extenderá automáticamente por seis meses.
El impacto de esta decisión es significativo para la comunidad venezolana en Estados Unidos, que ha crecido en los últimos años debido a la crisis económica y política en su país de origen. La administración Biden justificó la extensión del TPS citando el deterioro de las condiciones en Venezuela, incluyendo la falta de recursos básicos y el aumento de la inseguridad. Grupos de defensa de los migrantes advierten que la medida no solo afectará a miles de familias, sino que también podría repercutir en la economía estadounidense, ya que muchos de los beneficiarios del programa forman parte de la fuerza laboral.
El desafío de las deportaciones también entra en juego. Países como Venezuela, Cuba y China han mostrado reticencia a recibir ciudadanos repatriados, lo que complica la ejecución de medidas migratorias más estrictas. Actualmente, más de 22.000 venezolanos tienen órdenes de deportación en Estados Unidos, pero en las últimas dos décadas, solo 5.862 han sido aceptados de regreso por el gobierno de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, la administración Trump busca acuerdos con terceros países para reubicar a migrantes. El Salvador se perfila como un posible socio en este plan, negociando un acuerdo que lo convertiría en un «tercer país seguro», lo que implicaría recibir a solicitantes de asilo rechazados por Estados Unidos. La decisión final sobre el TPS para venezolanos otorgado en 2023 debe tomarse en los próximos días, lo que mantiene en vilo a miles de personas que aguardan por una resolución.
