Olympia, WA – El aún Procurador General, Bob Ferguson, emitió una advertencia urgente sobre una serie de cartas fraudulentas dirigidas a pequeñas empresas en Washington. Las cartas, que se hacen pasar por comunicaciones oficiales de la oficina del secretario de Estado, exigen pagos excesivos y amenazan a los dueños de negocios con multas, disolución de sus empresas o incluso cárcel si no pagan.
De acuerdo con el comunicado, desde principios de noviembre, la Procuraduría ha recibido al menos 40 denuncias sobre estas cartas, las cuales contienen información aparentemente oficial, como el número de Identificador Comercial Unificado (UBI) de las empresas. Sin embargo, los datos utilizados son públicos, y las cartas incluyen errores evidentes, como una dirección ficticia para la oficina estatal. Además, las cartas redirigen a un sitio web no gubernamental que termina en .org, lo que refuerza su carácter fraudulento.
El secretario de Estado también ha recibido informes de estafas similares dirigidas a empresas latinas mediante llamadas telefónicas que amenazan con sanciones graves, incluyendo encarcelamiento. Las autoridades instan a los empresarios a verificar cualquier comunicación sospechosa directamente con la oficina del secretario de Estado y a considerar suspender pagos si ya han sido realizados.
La Procuraduría de Ferguson ha tomado medidas legales contundentes contra empresas que emplean tácticas similares. Recientemente, un juez del Tribunal Superior del Condado King ordenó a varias entidades pagar cerca de 25 millones de dólares en sanciones por conductas fraudulentas. Las iniciativas legales se enfocan en proteger a las pequeñas empresas de prácticas engañosas y en garantizar que no se utilicen comunicaciones falsas para obtener ganancias indebidas.
Las empresas afectadas o que sospechen haber recibido comunicaciones fraudulentas pueden presentar una denuncia ante la Procuraduría General. El secretario de Estado ofrece recursos gratuitos y guías en su sitio web oficial para ayudar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro a detectar estafas y proteger sus intereses.
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