Seúl, KR – En un giro inesperado, Corea del Sur experimentó una de sus noches más tensas cuando el presidente Yoon Suk Yeol declaró la ley marcial, solo para levantarla seis horas después en medio de una condena generalizada y protestas masivas. La medida, anunciada la noche del martes 3 de diciembre, ha desatado una crisis política que pone en jaque la estabilidad del gobierno.
El presidente Yoon justificó la declaración acusando al principal partido de oposición de actividades “antiestatales” y de simpatizar con Corea del Norte, en medio de disputas parlamentarias relacionadas con mociones de censura y propuestas presupuestarias. La ley marcial, que otorgaba temporalmente el control a los militares, prohibió manifestaciones y actividades políticas, provocando indignación en una nación democrática.
Legisladores de diversos bloques políticos, incluyendo miembros del propio partido de Yoon, se movilizaron al parlamento para anular el decreto. En una votación extraordinaria realizada a altas horas de la noche, los parlamentarios revocaron la medida, obligando al presidente a retirar las tropas desplegadas y a anunciar el fin de la ley marcial en la madrugada del miércoles.
El episodio ha generado un llamado al impeachment por parte de seis partidos de oposición, quienes acusan a Yoon de traición. Si el parlamento aprueba el juicio político, el caso pasará al Tribunal Constitucional, lo que podría suspender temporalmente al presidente. Mientras tanto, figuras clave del gobierno, incluido el jefe de gabinete, han presentado sus renuncias, y sindicatos han anunciado huelgas hasta que Yoon deje el cargo.
La declaración de la ley marcial, algo inusual en la era democrática moderna de Corea del Sur, ha evocado recuerdos del pasado autoritario del país. Protestas masivas en Seúl y otras ciudades prometen continuar, con ciudadanos coreando consignas en contra del regreso a un régimen dictatorial. El futuro de la presidencia de Yoon y de la política surcoreana permanece en la incertidumbre.
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