Olympia, WA – El Tribunal de Apelaciones de Washington reafirmó el lunes 2 de diciembre, una multa histórica de $24.6 millones contra Meta, la empresa matriz de Facebook, por violar intencionalmente la ley de financiamiento de campañas del estado en 822 ocasiones. La sanción incluye un interés del 12 % anual, además de un reembolso triplicado de los costos y honorarios legales de la Procuraduría General, que ascienden a $10.5 millones. La sentencia también confirma la responsabilidad de Meta de cubrir los costos legales derivados de la apelación.
La disputa legal inició en 2020, cuando el Fiscal General Bob Ferguson presentó una demanda contra Meta por no cumplir con las disposiciones de transparencia exigidas por la ley estatal. Esta normativa, adoptada inicialmente en 1972, obliga a los anunciantes comerciales a mantener y poner a disposición del público información detallada sobre anuncios políticos, incluyendo costos, patrocinadores, segmentación y alcance. Aunque Meta incluye algunos datos en su “Biblioteca de anuncios”, esta no cumple con los requisitos completos establecidos por la ley.
Meta intentó invalidar la normativa alegando su inconstitucionalidad, pero el Tribunal de Apelaciones rechazó este argumento. Asimismo, negó la solicitud de la empresa de reducir la multa impuesta. Este fallo refuerza la posición de Washington como líder en leyes de financiamiento de campañas al garantizar la transparencia en la publicidad política. Según el fiscal Ferguson, las repetidas violaciones y la negativa de Meta a asumir responsabilidad justifican plenamente la magnitud de las sanciones.
La demanda de 2020 fue la segunda acción legal de la Procuraduría General contra Meta. En 2018, la empresa pagó $238,000 tras un decreto de consentimiento en el que se comprometió a cumplir con la ley. Sin embargo, Meta continuó incumpliendo, lo que motivó el nuevo proceso judicial. La decisión del tribunal también obliga a Meta a financiar la Cuenta de Transparencia de Divulgación Pública del estado con el monto total de las sanciones.
El caso fue liderado por los fiscales adjuntos Todd Sipe y Cristina Sepe, quienes destacaron la importancia de la decisión para reforzar la rendición de cuentas en la era de la publicidad digital. Este fallo marca un precedente significativo para la regulación de las grandes empresas tecnológicas en el ámbito político y electoral.
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