WASHINGTON. D.C — La Cámara de Representantes votará este jueves 21 de noviembre sobre la H.R. 9495, también conocida como la Ley contra la Financiación del Terrorismo y las Sanciones Fiscales a los Rehenes Estadounidenses. Este proyecto de ley ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos civiles y comunidades locales, que lo consideran una amenaza a la libertad de expresión y el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro.
La ley otorga al Secretario del Tesoro el poder de etiquetar a cualquier organización exenta de impuestos como “patrocinadora del terrorismo”, sin necesidad de presentar pruebas ni ofrecer un proceso de apelación. Esto afectaría no solo a organizaciones comunitarias, sino también a universidades y medios de comunicación, poniendo en peligro su estatus fiscal y su capacidad para operar.
Lo que dicen los críticos
El Fondo Comunitario Latino del Estado de Washington (Latino Community Fund) expresó su preocupación por el impacto que la H.R. 9495 tendría en las comunidades vulnerables. Según la organización, esta ley podría ser usada para penalizar a grupos que defienden a inmigrantes, refugiados o abogan por la equidad. “La ley no se trata de combatir el terrorismo, sino de silenciar voces, sofocar la disidencia y desmantelar el apoyo que nuestras familias necesitan”, declaró la entidad en un comunicado.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) lidera una coalición de más de 180 organizaciones que han enviado una carta al Congreso para oponerse al proyecto de ley. Kia Hamadanchy, consejero de políticas federales de la ACLU, advirtió: “Cada vez que damos más poder al presidente para actuar, solo abrimos la puerta al abuso por parte del ejecutivo. Esta ley puede ser usada contra cualquier organización que critique al gobierno o defienda a comunidades marginadas”.
Un componente polémico
La H.R. 9495 combina dos propuestas que no tienen relación entre sí:
1. La parte controvertida: Otorga al Departamento del Tesoro el poder de retirar el estatus de exención de impuestos a cualquier organización sin fines de lucro que sea acusada de apoyar al terrorismo. Lo preocupante es que esto se podría hacer sin pruebas claras ni proceso de apelación, lo que genera riesgos de abuso de poder y arbitrariedad.
2. La parte no controvertida: Proporciona beneficios fiscales a ciudadanos estadounidenses que hayan sido encarcelados injustamente en el extranjero. Esta medida es ampliamente aceptada, ya fue aprobada por el Senado como una ley independiente, y no ha enfrentado oposición en el Congreso.
El problema surge porque estas dos medidas han sido unidas en un solo proyecto de ley (algo común en la legislación de EE. UU.). Muchas personas y grupos (como la ACLU) argumentan que la estrategia obliga a los legisladores a aceptar una medida problemática para poder aprobar una medida útil.
La solución más sencilla sería que la Cámara apruebe la parte no controvertida (la medida sobre beneficios fiscales) como una ley independiente, tal como lo hizo el Senado, en lugar de combinarla con la propuesta que otorga más poder al Departamento del Tesoro. Sin embargo, al unir ambas medidas, los autores de la H.R. 9495 están complicando el proceso y aumentando la oposición.
Un llamado a la acción
La votación de mañana solo requiere una mayoría simple para su aprobación, luego de que la semana pasada no alcanzara los votos necesarios bajo una regla más estricta. Mientras tanto, grupos comunitarios y defensores de derechos civiles instan a los ciudadanos a contactar a sus representantes para pedirles que voten NO.
Con este proyecto de ley en juego, el futuro de las organizaciones que trabajan por la justicia, la equidad y el bienestar comunitario está en la balanza.
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