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Trump afirmó que planea usar al ejército para llevar a cabo deportaciones a gran escala 

Palm Beach, FL – El presidente electo, Donald Trump, confirmó que su administración declarará una emergencia nacional y utilizará al ejército para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. La declaración fue realizada el lunes 18 de noviembre, en redes sociales, en respuesta a una publicación del presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, quien sugirió el uso de recursos militares para implementar un programa de deportación masiva. 

Desde su victoria electoral, Trump ha reiterado su intención de ejecutar lo que ha denominado “el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos” desde el primer día de su mandato. Aunque aún no se han detallado los aspectos logísticos de estas operaciones, Trump ha planteado la posibilidad de utilizar poderes de guerra y personal militar para cumplir con su agenda. 

La formación de su equipo para implementar estas políticas incluye figuras conocidas por su postura antiinmigratoria, como Tom Homan, designado como “zar de la frontera” para supervisar deportaciones, y Stephen Miller, nombrado subdirector de gabinete y asesor de seguridad nacional. Además, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue nominada como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. 

Expertos y defensores han advertido sobre los desafíos legales, logísticos y económicos de una operación de tal magnitud. Según estimaciones del Consejo Americano de Inmigración, deportar a un millón de personas al año costaría más de 960.000 millones de dólares en una década. Activistas también han expresado su preocupación por el impacto en familias, la economía y los derechos civiles, incluyendo posibles afectaciones a ciudadanos estadounidenses atrapados en redadas masivas. 

A pesar de las críticas, Trump sostiene que el plan es necesario para abordar lo que describe como una “crisis de seguridad”. Sin embargo, analistas señalan que su retórica no siempre ha distinguido entre inmigrantes legales e indocumentados, y persisten interrogantes sobre el alcance y los métodos que su administración utilizará para implementar estas políticas.

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