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Escasez de defensores públicos en Yakima desata demanda colectiva por parte de la ACLU 

Condado de Yakima, WA – La unión estadounidense por las libertades civiles (ACLU) de Washington presento el lunes 1 de octubre, una demanda colectiva contra el condado de Yakima y varias de sus instituciones, incluyendo el departamento de correcciones y el tribunal superior del condado. La demanda se presentó en nombre de personas de bajos ingresos acusadas de delitos que no han tenido un abogado asignado a sus casos, lo que, según la ACLU-WA, viola derechos fundamentales. 

De acuerdo con un comunicado emitido por la ACLU-WA, el condado de Yakima enfrenta una escasez de defensores públicos desde al menos 2022. A pesar de la gravedad del problema, el condado no ha tomado medidas significativas para resolver la situación, lo que ha resultado en la imposibilidad de brindar asesoramiento legal garantizado constitucionalmente a los acusados en el tribunal superior del condado de Yakima. 

La demanda colectiva alega que personas indigentes están siendo procesadas y encarceladas sin la representación legal adecuada. Además, aquellos que no están en custodia enfrentan condiciones de liberación extremadamente duras sin posibilidad de avanzar en sus casos. La ACLU-WA denuncia que muchos acusados pasan meses en la cárcel esperando la asignación de un abogado. 

La falta de representación legal, según la demanda, viola los derechos de los acusados establecidos en la Constitución del Estado de Washington y las normas penales del tribunal superior de Washington. La ACLU-WA también argumenta que esta situación está impidiendo que los acusados reciban un juicio rápido y justo, dado que algunos alcanzan el límite de tiempo permitido para su juicio sin haber tenido contacto con un abogado. 

David Montes, abogado de la ACLU-WA, enfatizó la gravedad del problema al declarar: «Se trata de justicia: todos merecen y tienen derecho a un abogado, y eso no está sucediendo ahora en el condado de Yakima». La ACLU-WA solicita en la demanda que se declare ilegal el procesamiento de personas sin representación legal dentro de una semana de su acusación, y que se tomen medidas correctivas inmediatas. 

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