Providence, RI – Un nuevo estudio publicado el miércoles 14 de agosto, sugiere que el número de agresiones sexuales en el ejército de Estados Unidos es significativamente mayor que las estimaciones oficiales del gobierno.
Según el departamento de defensa, se reportaron aproximadamente 35,900 casos de agresión sexual en 2021 y 29,000 en 2023. Sin embargo, el estudio indica que las cifras reales podrían ser más del doble, con estimaciones de 75,569 casos en 2021 y 73,695 en 2023.
El estudio, realizado y publicado el miércoles por el proyecto Costos de la Guerra del Instituto Watson de asuntos internacionales y públicos de la Universidad de Brown, destaca que, durante los años de la guerra de Afganistán, casi una cuarta parte de las mujeres en servicio activo y el 1,9% de los hombres en servicio activo fueron víctimas de agresión sexual. Además, la investigación señala que las mujeres negras y los miembros militares LGBTQ tenían más probabilidades de sufrir acoso y agresión sexual.
A pesar de años de esfuerzos para combatir este problema, la prevalencia de la agresión sexual en el ejército se ha mantenido alta. La autora del estudio, Jennifer Greenberg, profesora de la universidad de Sheffield, señaló que durante las guerras posteriores al 11 de septiembre, la prioridad de mantener la preparación de la fuerza permitió que el problema de la agresión sexual se agravara, ocultando la violencia interna y las desigualdades de género en las instituciones militares.
En respuesta al estudio, el Pentágono emitió un comunicado en el que afirmó que sería «inapropiado comentar sobre la metodología de estudios no realizados por el departamento». Sin embargo, enfatizó que el departamento de defensa sigue comprometido con la creación de un clima que prevenga las agresiones sexuales, apoye a las víctimas y exija responsabilidades a los agresores.
En 2021, los legisladores estadounidenses aprobaron un proyecto de ley de defensa que reformó el sistema de justicia militar, retirando a los comandantes militares la autoridad de decidir si procesar casos de violación o agresión sexual. Esta medida fue en parte inspirada por el caso de Vanessa Guillén, una soldado de 20 años que fue asesinada tras denunciar acoso sexual.
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