Harrisburg, PA – Un grupo de casi 70 personas denunció el miércoles haber sufrido abusos sexuales durante su infancia en centros de detención en Pensilvania. Esta denuncia se suma a demandas anteriores dirigidas contra lo que los abogados de los acusadores consideran un sistema de justicia juvenil roto en el estado. El último grupo de demandantes presentó una demanda en tribunales estatales o federales contra 10 centros de detención de menores en Pensilvania, tres de los cuales son operados por el estado.
Según los demandantes, algunos fueron violados repetidamente por miembros del personal y amenazados con represalias si denunciaban los abusos. Otros afirmaron que sus denuncias de abuso sexual fueron ignoradas. Los abogados sostienen que ninguno de los centros protegió adecuadamente a los niños bajo su cuidado. Jerome Block, uno de los abogados, afirmó que los administradores de las instalaciones priorizan las ganancias sobre la seguridad de los menores.
Veintidós de los acusadores estaban alojados en la Academia Northwestern de Merakey USA, que cerró en 2016. Uno de ellos, un hombre que tenía 13 años en 2004, declaró que fue violado por dos miembros del personal masculino y amenazado para que no denunciara el abuso. Merakey, una empresa con sede en Lafayette Hills, Pensilvania, declaró que no podía comentar sobre las acusaciones hasta revisarlas, señalando que la academia fue cerrada como parte de su compromiso de priorizar entornos familiares y comunitarios para los niños.
Otros 20 demandantes estuvieron en centros administrados por el estado, como el Centro de Desarrollo Juvenil de Loysville y las Unidades de Tratamiento Seguro de South Mountain y North Central. La demanda también menciona instalaciones gestionadas por Devereux Advanced Behavioral Health, el Centro de Detención Juvenil del Condado de Delaware, Saint Gabriel’s Hall de la Arquidiócesis de Filadelfia, Carson Valley Children’s Aid, Presbyterian Children’s Village y una instalación de VisionQuest National Ltd.
La firma de abogados Levy Konigsberg presentó en mayo demandas similares en nombre de 66 personas en Pensilvania y ha llevado casos similares en otros estados. Los demandantes de Pensilvania cumplen con los estándares del estado para presentar reclamos por abuso sexual infantil. Los abogados sostienen que la política del estado de encarcelar a niños por infracciones menores o problemas de conducta ha llevado a muchos menores vulnerables a sufrir abusos sexuales en entornos carcelarios.
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