Des Moines – IA – La estricta ley sobre el aborto de Iowa entró en vigor el lunes, prohibiendo la mayoría de los abortos después de aproximadamente seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Los líderes republicanos de Iowa han impulsado esta ley durante años y ganaron impulso tras la revocación de Roe v. Wade por la corte suprema de Estados Unidos en 2022. En ese mismo año, la corte suprema de Iowa falló que no existía un derecho constitucional al aborto en el estado.
“No hay derecho más sagrado que la vida”, expresó la gobernadora republicana Kim Reynolds en junio. “Me alegra que la corte suprema de Iowa haya confirmado la voluntad del pueblo de Iowa”. Actualmente, cuatro estados prohíben los abortos después de aproximadamente seis semanas de embarazo, y 14 estados tienen prohibiciones casi totales en todas las etapas del embarazo.
La nueva ley de Iowa será un tema central en las elecciones de 2024, con los republicanos celebrando sus éxitos y los demócratas criticándola como un ataque a los derechos de las mujeres. La vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, ha señalado que los derechos reproductivos estarán en juego en las próximas elecciones. La campaña de Harris lanzó un video el lunes para resaltar la importancia del tema mientras la ley de Iowa entra en vigor.
Los proveedores de servicios de aborto en Iowa están luchando contra la nueva ley y se preparan para continuar operando bajo sus restricciones. Sarah Traxler, directora médica de Planned Parenthood North Central States, describió este momento como “devastador y oscuro” en la historia del estado. Las clínicas de aborto en Iowa planean seguir ofreciendo procedimientos antes de que se detecte actividad cardíaca, que ocurre aproximadamente a las seis semanas de gestación.
En todo el país, la situación del aborto ha cambiado constantemente desde la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Las restricciones en Iowa y otros estados han llevado a una mayor demanda de servicios en regiones con mayor acceso al aborto, exacerbando las desigualdades en salud para las mujeres de color y los residentes de bajos ingresos.
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