Olympia, WA – La Corte Suprema del Estado de Washington emitió un fallo ratificando la ley estatal que prohíbe los cargadores de alta capacidad. En una decisión de 7 votos a favor y 2 en contra, el tribunal revocó una sentencia anterior de un tribunal inferior, dando la razón al estado en una demanda presentada por Gator’s Custom Guns, una tienda de armas ubicada en Kelso y que alegaba que dicha ley era inconstitucional. La medida, que entró en vigor en 2022, prohíbe la venta, fabricación e importación de cargadores de munición con capacidad para más de 10 cartuchos.
El argumento principal de Gator’s Custom Guns era que la prohibición violaba la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a portar armas. Sin embargo, la Corte Suprema estatal concluyó que los cargadores de alta capacidad no califican como “armas” en un sentido constitucional, ya que su función principal es complementar un arma y no pueden ser usados de manera independiente para defensa propia. Según el fallo, esto los excluye de la protección directa que otorga la Segunda Enmienda.
Durante el proceso, los abogados de Gator’s Custom Guns presentaron datos sobre la cantidad de cargadores de alta capacidad en circulación y su uso en situaciones de defensa personal. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que esa información no era suficiente para demostrar un uso significativo o necesario para la defensa propia. El tribunal enfatizó que las interpretaciones previas de la segunda enmienda protegen únicamente aquellos artículos que son comúnmente utilizados para la defensa personal, y los cargadores de alta capacidad no cumplen con ese criterio.
El fallo también revoca una decisión tomada en 2024 por un juez del Tribunal Superior del Condado de Cowlitz, que había declarado la prohibición como inconstitucional. A pesar de esa resolución inicial, la prohibición se mantuvo en efecto mientras el caso se tramitaba en los tribunales superiores. La decisión de la Corte Suprema estatal ahora refuerza la validez de la ley y establece un precedente para futuras disputas legales en torno a la legislación sobre armas en el estado.
Con esta sentencia, el estado de Washington se alinea con otros estados que han implementado restricciones similares para limitar la capacidad de los cargadores en un esfuerzo por reducir la violencia armada. La decisión marca un paso significativo en el control de armas en la región, y podría influir en futuras discusiones legislativas sobre el acceso y la regulación de armamento en todo el país.
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